El 2 de septiembre pasado se registró un episodio polémico en aguas internacionales del Caribe, cuando fuerzas armadas estadounidenses atacaron una embarcación que, según informes, estaba escoltando a un buque con destino a Surinam. Este acontecimiento ha provocado un extenso debate en torno a las estrategias militares empleadas por el gobierno de Estados Unidos en su combate al narcotráfico.
Durante una comparecencia privada ante el Senado, el almirante Frank Bradley reveló que la lancha atacada se encontraba cerca de un barco más grande que se dirigía hacia Surinam. Esta información, desconocida hasta el momento, añade complejidad al relato del incidente y cuestiona las decisiones tomadas por los altos mandos del Pentágono.
Bradley indicó que, conforme a los datos de inteligencia, existían indicios de que cargamentos de drogas podrían estar llegando desde Surinam hacia las costas estadounidenses. No obstante, este argumento ha sido objeto de críticas, particularmente en función del contexto y la naturaleza de la operación militar.
El primer disparo tuvo consecuencias fatales, provocando la destrucción de la embarcación y la muerte de varios tripulantes. Resulta aún más polémico que, según las fuerzas armadas, se efectuaron cuatro impactos en total sobre la lancha, dirigidos a eliminar a los sobrevivientes que se aferraban a los restos sumergidos de la nave.
Fuentes anónimas y testigos citados por la cadena CNN afirmaron que los supervivientes agitaban un objeto antes del segundo ataque, aunque no estaba claro si intentaban rendirse o solicitar ayuda. Este hecho ha generado interrogantes sobre la ética de las decisiones militares en situaciones de este tipo.
El episodio ha reabierto el debate sobre la campaña militar ordenada por el entonces presidente Donald Trump en el Caribe, con la finalidad de combatir el narcotráfico en la región. Sin embargo, la implementación de esta campaña ha sido cuestionada por el uso desproporcionado de la fuerza y posibles vulneraciones a los derechos humanos.
Además, la familia de un pescador colombiano ha presentado su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que su familiar fue víctima de una «ejecución extrajudicial» durante otro ataque militar ocurrido en septiembre. Este caso evidencia un patrón de posibles violaciones de derechos que ameritan atención internacional.
Desde el inicio de las operaciones del Comando Sur de Estados Unidos bajo el nombre de ‘Lanza del Sur’, se han hundido más de 22 embarcaciones atribuidas a grupos criminales, causando la muerte de cerca de 80 tripulantes. Estas acciones han sido criticadas por la falta de pruebas contundentes y la selectividad en los objetivos del comando.
