La realización de una grabación con contenido sexual en el cementerio de Alcoy (Alicante), específicamente en las cercanías del mausoleo de Camilo Sesto, ha generado un importante revuelo en la localidad natal del artista y ha desencadenado un debate político entre el ayuntamiento y la oposición.
Esta filmación se llevó a cabo en diciembre de 2024, en un momento en que el mausoleo del cantante —quien falleció en 2019— aún estaba en construcción y antes del traslado oficial de sus cenizas. La difusión del hecho ha provocado malestar entre los residentes y figuras políticas, quienes cuestionan las circunstancias que permitieron realizar una grabación de este tipo en un lugar de especial significado.
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Ante esta situación, la concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha informado que la próxima ordenanza municipal incluirá de manera expresa la prohibición de grabaciones de contenido para adultos en espacios públicos, así como de cualquier acción que pueda afectar la dignidad de las personas, los derechos humanos o el bienestar animal.
El grupo municipal del Partido Popular ha condenado los hechos, calificándolos de “lamentables y reprobables”, y ha señalado que la autorización de una producción de estas características en ese lugar representa “una grave falta de sensibilidad” hacia la memoria de Camilo Sesto, su familia y la comunidad de Alcoy.
Por su parte, el equipo de gobierno local —compuesto por PSPV-PSOE y Compromís— ha negado categóricamente haber dado permiso para esta filmación. Según han explicado, la Alcoy Film Office, responsable de otorgar los permisos audiovisuales, no aprobó ninguna solicitud para producciones pornográficas.
Revisando la documentación, la solicitud presentada por la productora incluía una sinopsis en la que se describía la visita de un personaje a la tumba de su pareja en un momento de reflexión y tristeza, sin mención alguna a Camilo Sesto ni a elementos específicos del patrimonio funerario local. Desde el ayuntamiento han calificado como “irresponsable” la distorsión de los hechos que genera confusión en la población, aclarando que no existía indicio alguno sobre el verdadero contenido de la filmación en la petición original.
La polémica permanece activa y ha reabierto la discusión sobre los límites del uso de espacios públicos y patrimonio para producciones audiovisuales.
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