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Conflictos de Leire Díez en organismos públicos defendiendo intereses del PSOE

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Leire Díez se ha consolidado como una figura polémica vinculada al control del aparato socialista en empresas públicas durante los primeros años del gobierno de Pedro Sánchez. Su gestión en entidades como Correos y ENUSA estuvo marcada por disputas internas, denuncias veladas y sospechas de injerencias políticas que actualmente son investigadas por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

En la sede principal de Correos en la calle Conde de Peñalver, permanece en la memoria un episodio que afectó su imagen. Una funcionaria afirmó ante sus superiores que Díez la reprimió en voz alta tras tomar decisiones que, a su juicio, contrariaban «los intereses del PSOE». El incidente, ocurrido en un organismo público y frente a personal funcionario, generó sorpresa entre los empleados, quienes observaban cómo las consideraciones políticas prevalecían sobre la gestión técnica. La denuncia no llegó a avanzar.

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Según fuentes internas, Díez es considerada una apparatchik del partido, colocada —según estas voces— sin que se valorase su formación profesional, con la finalidad de supervisar ideológicamente la actividad de la entidad. Esta vigilancia habría ido más allá del ámbito político. Durante su etapa en Correos se registraron operaciones contractuales que generaron dudas, entre ellas una licitación controvertida para limpieza que desencadenó una huelga tras el retraso en el pago de salarios a las trabajadoras. Un informe interno, que sugería pagar 1,5 millones de euros adicionales al contratista con fondos públicos, habría sido promovido desde la dirección donde Díez tenía influencia. Finalmente, la SEPI bloqueó dicho pago.

Aunque esa operación fue detenida, sí se concretaron adjudicaciones a compañías que luego fueron objeto de investigación en el marco del caso Koldo. Entre ellas está Sortis Telecomunicaciones, empresa que obtuvo contratos por dos millones de euros durante la presidencia de Juan Manuel Serrano, colaborador cercano de Pedro Sánchez, con Díez aún en Correos. El sucesor de Serrano anuló rápidamente esos acuerdos.

La carrera de Díez se aceleró con el ascenso del PSOE al poder en 2018. Militante socialista desde los años noventa y con una trayectoria discreta en el ámbito municipal y vasco, su promoción coincidió con la incorporación de personas cercanas al presidente en cargos claves del sector público. Ese año fue nombrada jefa de Comunicación de ENUSA, la compañía estatal responsable del suministro de uranio a centrales nucleares, aunque no contaba con una formación específica en el sector.

En ENUSA, su contratación fue impulsada por José Vicente Berlanga, presidente designado por el entonces ministro José Luis Ábalos, quien actualmente está imputado. Durante su periodo en la empresa, Díez redactó varias notas de prensa por las cuales recibió más de 108.000 euros, además de dietas. Empleados de la compañía señalan que su incorporación causó sorpresa en una plantilla mayoritariamente formada por ingenieros altamente cualificados y que enfrentaba un conflicto laboral pendiente de solución.

Las relaciones de Díez con dirigentes como Santos Cerdán, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propio Berlanga, junto con su paso por diversos cargos en Correos —Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuros— incrementaron su influencia interna. Simultáneamente, ocupó un cargo en el consejo de administración de la tecnológica Cistec coincidiendo con la entrada del Estado como accionista.

Su nombre alcanzó notoriedad pública tras la divulgación de grabaciones en las que intenta desacreditar a jueces, fiscales y a la UCO, además de presentarse como “la mano derecha” de Santos Cerdán. Investigadores y fiscales la caracterizan como una persona ruda pero con amplia red de contactos.

Actualmente, Leire Díez está acusada de seis delitos y su actividad es investigada en todas las entidades por las que transitó. Su caso es uno de los motivos que generan tensión en el Gobierno, al evidenciar el uso de estructuras públicas con fines partidistas. La cuestión pendiente es si esa defensa de los intereses del PSOE respondió a una militancia sincera o a otros intereses.

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