El CERMI advierte sobre posible discriminación indirecta para usuarios de silla de ruedas o personas de baja estatura que no llegan al techo del vehículo
La incorporación de tecnologías digitales para la seguridad vial enfrenta un desafío de accesibilidad. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha remitido una solicitud formal a la Dirección General de Tráfico (DGT) para revisar la normativa que regula las balizas V16. La organización señala que la exigencia de colocar el dispositivo en la parte más alta del vehículo resulta inviable para ciertos grupos, lo que podría dar lugar a sanciones improcedentes.
Una limitación física insuperable
En la carta dirigida a Pere Navarro, director de la DGT, el CERMI apunta que conductores con movilidad reducida, personas usuarias de silla de ruedas o con acondroplasia (talla baja) que conducen sin acompañante no tienen la capacidad para seguir el procedimiento actual. La regulación estipula que, ante una avería o accidente, el conductor debe sacar el brazo por la ventanilla y colocar la baliza magnéticamente en el techo del vehículo.
Para estos usuarios, esta acción supone una «imposibilidad física». El Comité alerta que sancionar a alguien que no puede cumplir con una norma por razones físicas constituye un caso de discriminación indirecta, dado que la legislación no contempla ajustes razonables para estas circunstancias.
Propuestas para una mayor inclusión en seguridad vial
El CERMI no solo ha presentado la reclamación, sino que ha planteado medidas específicas para asegurar un trato equitativo sin comprometer la seguridad:
- Excepciones legales: Eximir a quienes acrediten discapacidad que impida colocar la baliza en el techo.
- Ubicaciones alternativas: Establecer otros lugares visibles y seguros en el vehículo, como el salpicadero o la luneta trasera, para estos casos particulares.
- Directrices técnicas: Incorporar estas excepciones en las normativas que regulan la obligatoriedad del sistema V16.
La entidad también ha ofrecido colaborar con la DGT para desarrollar soluciones técnicas que aseguren la función de geolocalización y aviso de la baliza sin poner en riesgo ni vulnerar derechos de conductores con discapacidad.
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