Tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo que condena a Álvaro García Ortiz por el delito de revelación de datos reservados, el ex fiscal general del Estado prepara una estrategia defensiva en varias fases. Se iniciará con un incidente de nulidad ante el propio Supremo, seguido por un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, eventualmente, la opción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La publicación de la resolución del Tribunal Supremo (TS), que consta de 233 páginas y establece la condena por filtrar correos electrónicos entre el abogado de Alberto González Amador (pareja de Ayuso) y el Ministerio Público, señala el comienzo de un extenso proceso de recursos del ex fiscal general.
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El entorno de García Ortiz ha mantenido un silencio absoluto tras conocerse la sentencia, que establece dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado, una multa de 7.200 euros y una compensación de 10.000 euros a González Amador por daños morales.
Procedimiento de recursos en España
La defensa de García Ortiz ha definido sus siguientes movimientos:
- Incidente de nulidad ante el Supremo: El primer paso será presentar un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo para intentar anular la sentencia. Aunque es un trámite común, se prevé que dicha petición sea desestimada.
- Recurso de amparo ante el Constitucional: En caso de que el incidente sea rechazado, el ex fiscal general podrá interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) alegando vulneración de derechos fundamentales.
Para realizar este recurso de amparo, García Ortiz cuenta con un plazo de 30 días hábiles desde la publicación de la sentencia (este martes). Aunque es poco frecuente que el TC modifique sentencias del Supremo, existen precedentes recientes, como la anulación parcial de condenas en el caso ERE.
Recurso europeo como última alternativa
Si sus recursos en España no prosperan, García Ortiz podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo.
El objetivo en esta instancia sería que el organismo europeo analice si las autoridades judiciales españolas respetaron debidamente sus derechos y libertades durante el proceso. Por el momento, ni García Ortiz ni su entorno han confirmado la intención de seguir esta vía.
Delito acreditado
El Supremo considera demostrado que García Ortiz o una persona de su entorno filtró los correos electrónicos, siendo declarado responsable del delito de revelación de datos reservados. Esta condena tiene especial relevancia por el alto cargo que desempeñaba el magistrado.
