Este lunes, el Tribunal Supremo continúa con la vista oral contra el exministro José Luis Ábalos, en una sesión que se prevé crucial para esclarecer el manejo de dinero en efectivo y las supuestas comisiones ilegales dentro de la trama investigada. La atención se centra en Patricia Uriz, quien fue pareja de Koldo García, y también en el antiguo director general de Carreteras, Javier Herrero.
El enigma de las «chistorras», «soles» y «lechugas»
Patricia Uriz declara ante el tribunal en un momento trascendental. La Unidad Central Operativa (UCO) ha identificado un código utilizado por la organización para referirse a grandes sumas de dinero en efectivo. Según los informes de la Guardia Civil, los implicados empleaban los términos:
- «Chistorras»: Billetes de 500 euros.
- «Soles»: Billetes de 200 euros.
- «Lechugas»: Billetes de 100 euros.
Aunque Uriz ha negado previamente el uso de esta terminología, su declaración es esencial para confirmar las visitas que realizó a la sede del PSOE en la calle Ferraz. La fiscalía argumenta que acudía allí para recoger reembolsos de gastos que su entonces esposo, Koldo García, supuestamente adelantaba en nombre de Ábalos.
Sobre los «folios» mencionados por el exministro en las comunicaciones interceptadas, la testigo ha mantenido hasta ahora que se referían simplemente a papel para escribir.
El chalé en Cádiz y el fraude en hidrocarburos
En esta sesión también declararán socios del comisionista Víctor de Aldama, entre ellos Claudio Rivas. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Rivas el pago de una vivienda de lujo en La Alcaidesa (Cádiz) que habría sido destinada al uso personal de Ábalos.
Según la acusación, esta propiedad constituye una contraprestación por las gestiones realizadas por la trama para ayudar a Rivas a obtener el título de operador de hidrocarburos, sector sometido a una investigación paralela por un fraude millonario.
Irregularidades en contratos públicos
Finalmente, el tribunal escuchará el testimonio de Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. Actualmente investigado en la Audiencia Nacional, se le vincula con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos relacionados con el Ministerio de Transportes. Su declaración busca establecer si las supuestas comisiones ilegales aplicadas en la compra de mascarillas durante la pandemia se ampliaron sistemáticamente a otros contratos ministeriales.
La jornada de este lunes es considerada decisiva para vincular el presunto enriquecimiento ilícito de algunos asesores con los beneficios directos que habría obtenido el exministro.
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