En 2024, Ceuta se ha establecido como la principal vía de acceso para menores extranjeros no acompañados, según el informe anual de la Fiscalía General del Estado. La ciudad autónoma fue escenario de la mayoría de los 2.915 ingresos registrados entre Ceuta y Melilla, en un año caracterizado por un aumento constante en las llegadas y debates acerca de la edad real de muchos menores.
El documento señala que casi la mitad de los menores evaluados mediante pruebas médicas para determinar su edad —un 49,42 %— resultaron ser adultos. En total, en España se realizaron 7.562 valoraciones, de las cuales 2.457 confirmaron que los solicitantes eran mayores de edad. Además, 1.280 expedientes no se resolvieron debido a que los jóvenes abandonaron los centros antes de someterse a las pruebas.
La presión sobre Ceuta se hace especialmente evidente debido a la limitada capacidad de sus recursos de acogida. El informe destaca que la llegada de menores no acompañados ha crecido de forma sostenida: 2.375 arribaron por vía marítima en 2022; 4.865 en 2023; y 5.922 en 2024. La mayoría son varones —5.291 en 2024—, aunque también se incrementó la cifra de niñas, de 238 en 2023 a 631 en 2024.
Otro desafío importante es el coste económico del sistema de tutela. El gasto mensual medio por cada menor alcanza los 4.400 euros, lo que implica un desembolso anual aproximado de 847 millones de euros. En ciertas regiones, como Andalucía, esta cifra supera los 9.800 euros mensuales por plaza y en Madrid asciende a 5.762 euros.
La Fiscalía también señala que no todos los menores pueden considerarse refugiados de conflictos armados, como suele presentarse en algunos discursos: casi el 90 % son varones y provienen mayoritariamente de países sin conflictos bélicos como Marruecos, Malí, Senegal o Argelia.
En este escenario, Ceuta tiene ante sí un doble reto: gestionar un flujo creciente de menores en un sistema saturado, y abordar la discrepancia entre la narrativa oficial y las cifras estadísticas, que cuestionan el modelo actual de acogida.
