Carlos Mazón volvió a las Cortes Valencianas este martes, su primera aparición pública tras comunicar su dimisión como presidente de la Generalitat. Durante una sesión de la comisión de investigación sobre la DANA, el líder del PP defendió sus decisiones y sostuvo que su renuncia no ha sido suficiente para aquellos cuyo objetivo es deslegitimar un Ejecutivo elegido democráticamente.
El presidente en funciones intervino a petición propia, leyendo un texto en el que reconoció haber asumido “todas las responsabilidades políticas” relacionadas con la gestión del episodio de lluvias del 29 de octubre. Subrayó que él ha sido el único que ha dimitido y ha ofrecido explicaciones, afirmando: “Nadie ha dado más detalles que yo”. Mazón acudió acompañado por su círculo más cercano, y poco después se confirmó el nombramiento de Juanfran Pérez Llorca como su sucesor en la presidencia valenciana.
Durante su exposición, Mazón rechazó haber dado instrucciones el día de la emergencia y puntualizó que carecía de competencias operativas. Cuestionó: “Nadie me solicitó permiso para ratificar decisiones del Cecopi ni del Es-Alert. ¿Quién, en su sano juicio, podría negarse a alertar a la población?”. También habló sobre la controversia por la comida que mantuvo ese día en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana: reconoció que si hubiera sabido lo que sabe ahora, aquella reunión no habría tenido lugar.
El debate se desarrolló con tensión. Vox manifestó su apoyo a Mazón; su portavoz, José María Llanos, criticó la ausencia de comparecencia del presidente del Gobierno, calificándola de falta de vergüenza. Por su parte, PSOE y Compromís acusaron a Mazón de evadir preguntas y aportar una versión incompleta. El portavoz socialista, José Muñoz, incluso le advirtió sobre la posibilidad de enfrentarse a una denuncia por falso testimonio, recordándole su obligación de decir la verdad. Desde Compromís, Joan Baldoví cuestionó las explicaciones ofrecidas y le instó a declarar ante la jueza de Catarroja con mayor detalle.
Mazón también aprovechó para reprochar al Gobierno central la insuficiencia de información y recursos durante la catástrofe: “Un año después, no podemos aceptar que en el barranco del Poyo haya un solo sensor instalado o que los barrancos de Horteta y Gallego sigan sin seguimiento”. En su despedida, lamentó no haber podido reunirse con todas las víctimas y afirmó que su persona se ha convertido en un pretexto para ocultar las auténticas causas de la tragedia, así como la falta de implicación del Gobierno de España en la reconstrucción.
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