El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha optado por suspender momentáneamente su principal iniciativa legislativa de la legislatura, la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc). Después de meses de tensión institucional inusual y una huelga que dejó vacías las facultades en noviembre, la administración regional ha confirmado que el planteamiento original «no será aprobado». Esta decisión refleja un ajuste político significativo orientado a evitar una amenaza de huelga indefinida prevista para principios de 2026.
La destitución de Viciana y el nombramiento de Mercedes Zarzalejo
La paralización de la Lesuc ha desencadenado un cambio político inmediato: la destitución rápida de Emilio Viciana, quien ocupaba el puesto de consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Su gestión fue cuestionada por no lograr un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos), que consideraron que la propuesta atentaba contra la autonomía universitaria y favorecía la privatización del sistema.
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Mercedes Zarzalejo, una persona de total confianza para Isabel Díaz Ayuso, ha sido designada como su sucesora. Doctora en Derecho y hasta ahora viceconsejera, asume la responsabilidad con el objetivo de estabilizar un sector en conflicto. Además, los directores generales de Universidades y de Educación Secundaria también han sido sustituidos, evidenciando un cambio completo en la dirección educativa para fomentar un nuevo periodo de diálogo.
La financiación plurianual: foco principal en adelante
Según indicó el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, la prioridad ya no es una reforma legislativa integral, sino la elaboración de un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas. Este aspecto fue uno de los más conflictivos de la Lesuc, con las instituciones denunciando una falta crónica de fondos que ha provocado situaciones financieras deficitarias.
La consejera busca presentar lo antes posible un plan financiero que cuente con la aprobación unánime de los seis rectores. Este nuevo modelo podría implementarse sin necesidad de una ley, lo que facilitaría su rápido desarrollo y permitiría aliviar la presión económica en centros como la Complutense, que recientemente anunció recortes en plantilla y programas para equilibrar su deuda.
Una pausa estratégica frente a la presión social
Esta decisión está basada en un análisis práctico del contexto social. La comunidad universitaria había convocado una escalada de protestas para este fin de semana, que podía paralizar el curso académico. Al posponer la ley, el Gobierno regional no sólo frena las movilizaciones, sino que gana tiempo para que Mercedes Zarzalejo restaure las relaciones con los rectores, quienes por ahora mantienen dudas sobre si este cambio representará un apoyo real a la educación pública.
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