En un hecho destacado para las familias, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva promulgó este miércoles una ley que establece fuertes restricciones al acceso de menores a redes sociales. La norma, que forma parte del renovado Estatuto Digital de la Infancia y la Adolescencia, tiene como objetivo combatir la adicción digital infantil y las alarmantes cifras de delitos en línea.
Medidas contra la explotación y el abuso
Durante la ceremonia de firma, el presidente ofreció datos relevantes para fundamentar la medida: uno de cada cinco jóvenes entre los 17 y 19 años en Brasil ha sufrido explotación o abuso sexual en el entorno digital. Lula subrayó que la impunidad en internet ha llegado a su fin.
“Las conductas que implican delito en el mundo físico también se considerarán delitos en el entorno digital. Los responsables serán sancionados conforme a la ley”, manifestó el mandatario.
Aspectos fundamentales de la legislación
Tras tres años de discusión y presión social, la ley exige a las principales empresas tecnológicas realizar ajustes significativos en su funcionamiento dentro del territorio brasileño:
- Comprobación de edad: Las plataformas deben implementar sistemas confiables para verificar que los usuarios cumplen con la edad mínima permitida.
- Consentimiento parental: Los menores solo podrán registrarse en redes sociales si cuentan con la autorización expresa de sus padres, quienes además dispondrán de herramientas para supervisar la cuenta.
- Protección de datos: Se establece la obligación de garantizar el máximo nivel de seguridad sobre la información personal de niños y adolescentes.
- Prohibición de contenidos nocivos: No se podrá enviar a menores contenido pornográfico, violento, juegos de azar o publicidad de productos prohibidos como armas, alcohol y tabaco mediante algoritmos.
Desafíos en la aplicación de la ley
El principal desafío de esta regulación radica en la comprobación técnica de la edad, un asunto que genera debate internacional y en el que Brasil busca posicionarse como referente. El gobierno pretende minimizar riesgos como el abuso, la explotación comercial de menores y la exposición a retos virales que han tenido consecuencias fatales en el país.
Esta iniciativa brasileña se suma a esfuerzos similares en otras naciones, donde está en discusión la restricción de redes sociales para menores de 16 años y la regulación de algoritmos, temas que marcarán la agenda política en 2026. Con esta medida, Brasil avanza en la regulación de las grandes empresas tecnológicas en América Latina, priorizando la salud mental y la seguridad física de los jóvenes por encima de los intereses comerciales.
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