Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha generado polémica tras definir como «asesinato racista» la muerte de un hombre durante su detención policial en Torremolinos (Málaga). La diputada exigió la eliminación de la «violencia policial racista», lo que causó una reacción inmediata de los sindicatos policiales, quienes la calificaron de «oportunista» y «miserable».
El hecho ocurrió el domingo pasado en un locutorio ubicado en la calle Hoyos. Un hombre de 35 años, de nacionalidad marroquí, murió debido a un infarto mientras era reducido por agentes tras un intento de robo con violencia. Testigos indicaron que fueron ellos quienes inicialmente controlaron al presunto ladrón antes de la llegada de la Policía.
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De acuerdo con el informe policial, el hombre se encontraba en un estado avanzado de agitación, aseguró tener unas tijeras como amenaza y exclamó «Alá es grande». Para someterlo, los policías aplicaron tres descargas cortas con pistolas táser. Los intentos de reanimación realizados por los agentes y los servicios sanitarios no prosperaron. El informe preliminar de la autopsia confirmó que la causa del fallecimiento fue un infarto, mientras que el análisis toxicológico reveló consumo de sustancias estupefacientes.
Tras los acontecimientos, Belarra publicó en sus redes sociales: «Afirmar que mueres de un infarto durante la detención policial es equiparable a decir que las mujeres mueren por las palizas de sus parejas. No son muertes fortuitas, son asesinatos, y esto representa una violencia policial racista que debe detenerse ya».
La reacción de los sindicatos fue rápida. La Unión Federal de Policía (UFP) criticó a la líder de Podemos, acusándola de «aprovecharse del sufrimiento ajeno» y de buscar «beneficio político». Además, anunciaron que sus equipos jurídicos estudian la posibilidad de iniciar acciones legales contra Belarra. Por su parte, Jupol expresó su respaldo a los agentes y recordó que «vivimos en un Estado de Derecho donde los policías también cuentan con presunción de inocencia».
Este caso ha reavivado el debate acerca de la actuación policial y el discurso político sobre la violencia institucional, generando una marcada división de opiniones entre partidos políticos, sindicatos y ciudadanía.
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