El proceso judicial conocido como caso Koldo, en relación con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, continúa su desarrollo conforme se acerca el juicio oral. Pese a que ambos intentaron impugnar su procesamiento, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha ratificado dicha resolución, apoyándose en las pruebas que respaldan las imputaciones.
El magistrado Leopoldo Puente, responsable del procedimiento, indicó que pocas son las opciones para que las defensas desmonten los cargos que se les atribuyen. Este pronunciamiento tuvo lugar el miércoles pasado, destacando que ampliar la instrucción carece de sentido, especialmente por la existencia de acusados en prisión preventiva.
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La ratificación del procesamiento implica que el siguiente paso será la apertura del juicio oral. El Tribunal Supremo subrayó que la decisión de la Sala de Apelaciones es firme y no admite recurso, lo que facilita que se respeten los plazos legales establecidos.
En la próxima etapa, el juez Puente emitirá una resolución para fijar la fecha del juicio, que abordará acusaciones graves como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Asimismo, se organizarán las comparecencias necesarias, incluyendo testigos y peritos.
El procesamiento también afecta la situación de Ábalos como diputado. Aunque no ha renunciado a su escaño y mantiene sus funciones en el Congreso, lo que preserva su aforamiento, esto obligó al juez del Supremo a solicitar un suplicatorio para avanzar en el procedimiento contra él.
Recientemente, el Congreso se pronunció sobre la situación del exministro tras su procesamiento. Según el reglamento parlamentario, quienes cuentan con un auto de procesamiento firme y están en prisión preventiva deben ser suspendidos en sus derechos y deberes. Ábalos intentó mantener su derecho a votar de forma telemática, alegando la preservación de sus derechos, pero el Congreso decidió suspenderlo en esos derechos y su sueldo, aunque conserva su escaño.
Este hecho podría modificar las mayorías parlamentarias delicadas, aunque se garantiza que la composición en términos de diputados y mayorías absolutas permanecerá sin cambios.
Respecto a los cargos, se sostiene que Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama estuvieron involucrados en la manipulación de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia, obteniendo comisiones ilegales a cambio. Las posibles penas podrían alcanzar hasta 30 años de prisión para Ábalos y su asesor, y hasta siete años para Aldama.
