Una mujer identificada con las iniciales M.H.A. enfrenta una posible condena de al menos tres años de cárcel por el presunto abuso sexual de un menor de 16 años. La audiencia preliminar se aplazó tras la negación de la imputada a admitir los hechos, sin que se haya fijado una nueva fecha para el juicio.
Los hechos denunciados ocurrieron en 2022. Durante la fase de instrucción, la defensa demostró que la acusada tiene un 76% de discapacidad debido a un retraso mental muy grave, un trastorno obsesivo-compulsivo y un trastorno del sistema nervioso provocado por un tumor. Estas circunstancias podrían atenuar la pena o eximirla de responsabilidad penal en caso de ser declarada culpable.
En la audiencia, la defensa solicitó la nulidad de ciertos atestados obtenidos de vídeos donde, según argumentan, la mujer aparece privada de libertad y reconociendo el presunto delito. Esta petición se basa en la doctrina del “árbol y fruto envenenados”, que prohíbe admitir pruebas obtenidas de manera ilegal.
La acusación particular presentó informes psicológicos forenses tanto del menor como de la acusada, además de fotografías destinadas a cuestionar la discapacidad de M.H.A., mostrando actividades cotidianas como hacer compras o asistir a eventos sociales. Tanto la fiscalía como la defensa cuestionaron la validez de estas imágenes, pues corresponden a fechas anteriores a los hechos denunciados.
Además, la suspensión de la audiencia se debió a un error en la citación del hermano de la acusada, quien podría ser considerado responsable civil subsidiario en caso de condena.
Rosa de Castro, presidenta de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta, decidió suspender la sesión y reservarse la resolución sobre las cuestiones previas. En la próxima audiencia se podría alcanzar un acuerdo si la imputada admite los cargos, o bien continuar con una nueva ronda de cuestiones previas antes de fijar la fecha del juicio.
