El Ejecutivo ha comenzado el proceso para actualizar el Estatuto del Estudiantado Universitario, que reemplazará al vigente desde 2010. Este proyecto de real decreto, abierto a consulta pública hasta el 15 de abril, pretende adecuar la universidad a la realidad social contemporánea, facilitando que los estudiantes puedan combinar sus estudios con un empleo remunerado.
El documento se ha elaborado tras alcanzar un consenso previo con rectores (CRUE) y las principales asociaciones estudiantiles (CEUNE y CREUP), con la finalidad de modernizar un marco regulatorio que llevaba quince años sin actualizarse pese a los numerosos cambios en el sector.
Medidas frente a la crisis habitacional
Uno de los motivos centrales de esta reforma es la creciente dificultad para que los jóvenes accedan a una vivienda. El aumento de los precios de alquiler —con incrementos de hasta el 14% en habitaciones destinadas a estudiantes— ha obligado a muchos alumnos a trabajar para sufragar sus gastos de residencia.
- Vivienda y ayudas: La CREUP reclama planes urgentes para la construcción de residencias universitarias públicas y una regulación de los precios del alquiler, alertando que la falta de opciones asequibles amenaza la igualdad de oportunidades.
- Perfil del estudiante: El nuevo estatuto reconocerá esta situación laboral para evitar que el ritmo académico suponga un impedimento para quienes necesitan obtener recursos propios.
Desajuste en la oferta de plazas
El decreto también se centrará en el desequilibrio entre la oferta y la demanda de plazas universitarias. Durante el curso 2024-2025, el sistema público experimentó una alta competencia:
| Titulación | Ratio de solicitudes por plaza |
| Medicina | 10 solicitudes por plaza |
| Veterinaria | 7 solicitudes por plaza |
En total, más de 475.000 solicitudes compitieron por unas 245.000 plazas, un contexto agravado por la expansión de las universidades privadas y el crecimiento de la educación virtual.
Derechos renovados y mejora de la calidad académica
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que la finalidad es «avanzar hacia un futuro de progreso» asegurando que el esfuerzo de las familias se refleje en títulos con altos niveles de calidad.
- Inclusión y discapacidad: Se reforzará el carácter inclusivo de los campus, protegiendo los derechos del alumnado con discapacidad.
- Participación estudiantil: Se establecerá una regulación más estricta para el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, garantizando que la voz de los estudiantes tenga mayor influencia en la gestión institucional.
- Prácticas y movilidad: La normativa mejorará las garantías en las prácticas externas y facilitará los programas de movilidad tanto nacional como internacional.
Por último, el decreto actualizará los sistemas de evaluación y seguimiento del aprendizaje, adaptándolos a los modelos pedagógicos innovadores desarrollados en la última década.
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