La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado una investigación contra el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) a raíz de serias acusaciones de corrupción realizadas por un ex alto cargo de la entidad. La denuncia, presentada en junio de 2025, describe una supuesta red de empresas relacionadas con el exgerente Juan Arroyo, que habría desviado entre 20 y 25 millones de euros destinados a la investigación del cáncer. Esta situación ha provocado una nueva crisis en el CNIO, tras difundirse las acusaciones contenidas en un informe de 120 páginas al que ha tenido acceso elDiario.es.
Una red empresarial y contratos con sobrecostes significativos
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El informe señala una posible operación ilícita en la que participaron antiguos empleados del CNIO, quienes supuestamente manipularon contratos administrativos, logísticos y de tecnología, incrementando sus costos hasta en un 400%. Esta documentación amplía denuncias previas realizadas por Maria Blasco, directora científica del CNIO, y Ana Hernández, ex presidenta del comité de empresa. A diferencia de aquellas, la denuncia actual procede de un excolaborador cercano a Arroyo, que aporta nuevos detalles sobre cómo podrían haberse amañado los contratos, con la posible cooperación de empresas vinculadas entre sí.
Impacto interno y cese de Juan Arroyo
La denuncia ha tenido repercusiones inmediatas en la institución. El Patronato del CNIO decidió el pasado martes cesar a Juan Arroyo como vicedirector de asuntos económicos, puesto que mantenía tras haber sido relevado como gerente en enero de 2025. Además, se prevé la salida de otros dos altos cargos de su confianza: la secretaria general y el adjunto a la gerencia.
Este caso ha generado una crisis de gobernanza y transparencia en la organización. Maria Blasco había informado previamente a la Fiscalía sobre diversos contratos menores que superaban los 1,5 millones de euros en el primer trimestre de 2024. Estos contratos estaban vinculados a un grupo de empresas con administradores comunes, lo que despertó sospechas sobre su legalidad. No obstante, el Patronato del CNIO y el Ministerio de Ciencia no actuaron hasta que se hicieron públicas las acusaciones detalladas en la denuncia.
El papel del Ministerio de Ciencia en la situación
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, bajo la dirección de la ministra Diana Morant, fue informado de estas denuncias meses antes de que salieran a la luz, pero no emprendió acciones significativas hasta que se difundió el caso en los medios. Esta falta de reacción ha sido objeto de críticas, ya que se considera que las autoridades podrían haber intervenido con mayor rapidez para proteger la reputación del CNIO y asegurar el correcto uso de los recursos públicos dedicados a la investigación científica.
La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción supone un avance para esclarecer las irregularidades señaladas y establecer las responsabilidades correspondientes. Este proceso cuestiona no solo la gestión interna del CNIO, sino también la eficacia de los sistemas de control y supervisión en la administración pública de la ciencia en España.
El desarrollo de la investigación podría conllevar consecuencias de carácter político y administrativo, dada la relevancia de la institución en el ámbito científico nacional, específicamente en la investigación oncológica y el desarrollo de terapias contra el cáncer. La evolución de la crisis dependerá de los resultados de la indagación y de las medidas que se adopten para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos destinados a la investigación.
