El sumario referente a la llamada trama de las mascarillas incluye un nuevo documento que sitúa al actual ministro de Política Territorial y ex presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, actuando directamente para agilizar los pagos a la empresa relacionada con el empresario Víctor de Aldama. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha adjuntado en su informe conversaciones entre Torres y el exasesor Koldo García, en las cuales el ministro expresa un seguimiento cercano de los cobros: “Estoy encima de tu pago”.
De acuerdo con el informe entregado por la UCO al Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, estas gestiones obedecen a la presión ejercida por intermediarios y a la necesidad de saldar facturas pendientes por contratos de material sanitario durante la pandemia. El documento compila mensajes —entre ellos los intercambiados entre Koldo García y Torres— que evidencian intentos por acelerar el desembolso de importes que suman más de 7,5 millones de euros.
Los mensajes también reflejan el descontento de Torres con funcionarios responsables del retraso o las objeciones en los trámites; en uno de los fragmentos aparece una expresión atribuida al entonces presidente regional —“Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos”— manifestada en el contexto de solicitar la resolución de los pagos. La UCO considera estos y otros intercambios como indicios significativos dentro de la investigación que ya ha procesado a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación y pago de contratos.
Fuentes judiciales confirman que el informe ya está en manos del juez instructor y que la Guardia Civil investiga la posible existencia de una red de intermediarios que facilitó las adjudicaciones y el posterior cobro de contratos a compañías vinculadas a Aldama. En diferentes medios se denuncia que algunos funcionarios expresaron reservas respecto a la legalidad y la calidad del material suministrado, lo cual motivó revisiones y ajustes en las facturas.
Por su parte, Torres ha respondido públicamente exigiendo la difusión completa del informe de la UCO y negando cualquier conducta delictiva en sus comunicaciones. Su entorno sostiene que los mensajes no constituyen prueba de delito alguno y demanda transparencia para “poner fin a esta infamia”. El ministro, actualmente en el Gobierno central, ha solicitado que el documento sea hecho público para poder defender su postura.
El hallazgo de estas comunicaciones representa un nuevo desarrollo en una causa que ya investiga posibles delitos contra la administración pública y organización criminal relacionados con las compras de material durante la crisis sanitaria. Ahora, el juzgado decidirá qué diligencias adicionales son necesarias para determinar si las actuaciones descritas en el informe de la UCO suponen responsabilidades penales.
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