Durante la pandemia, la Junta de Andalucía asignó varios contratos millonarios mediante un procedimiento de emergencia, los cuales posteriormente fueron catalogados por el propio Gobierno regional como irregulares. Destaca entre ellos una obra valorada en 47 millones de euros, que inicialmente se esperaba financiar con fondos europeos, pero que finalmente tuvo que ser costeada por la administración autonómica.
Esta resolución se produjo tras el rechazo del verificador del gasto europeo a la propuesta presentada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ya que consideró que no cumplía con los requisitos para obtener financiación comunitaria. Ante este dictamen desfavorable, la Junta optó por asumir directamente el coste del proyecto, a pesar de que la contratación se había realizado bajo circunstancias excepcionales que luego fueron cuestionadas.
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Según declaraciones internas, este caso ha generado un nuevo foco de debate acerca de la gestión de los contratos de emergencia en Andalucía, un mecanismo diseñado para agilizar acciones en situaciones críticas, que en esta ocasión provocó incertidumbre jurídica y un importante gasto con cargo al presupuesto regional.
La oposición ha solicitado aclaraciones sobre la aprobación de estos contratos y el uso del procedimiento de emergencia para trabajos que, según indican, podrían haberse gestionado mediante la contratación ordinaria. Por su parte, la Junta sostiene que actuó en un contexto de urgencia y que está revisando los expedientes para determinar responsabilidades en caso de ser necesario.
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