La violencia contra la Guardia Civil ha permanecido como un problema estructural en España a lo largo del último año. Según los datos oficiales disponibles hasta el tercer trimestre de 2025, las agresiones a miembros del cuerpo superan el millar, lo que equivale a un promedio de cinco ataques diarios.
Aunque estas cifras representan un descenso del 11% respecto al año previo, la asociación JUCIL alerta de que el nivel de riesgo para los agentes continúa siendo elevado. El efecto sobre la salud de los guardias es notable: el 47% de las bajas laborales registradas en el cuerpo están relacionadas con agresiones recibidas en el desempeño de sus funciones.
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La reivindicación de la condición de profesión de riesgo y el desplazamiento a Bruselas
Frente a la negativa del Ministerio del Interior a clasificar a la Guardia Civil como profesión de riesgo —distinción que sí poseen las policías autonómicas y locales—, JUCIL tiene previsto desplazarse a Bruselas mañana. Allí mantendrá un encuentro con representantes del Partido Popular Europeo con el objetivo de promover una directiva comunitaria que establezca estándares mínimos en seguridad y salud laboral para los policías de toda la Unión Europea.
Los agentes denuncian una falta de reconocimiento institucional que consideran una «injusticia», argumentando que esta situación no solo impacta en su seguridad cotidiana, sino también en sus condiciones de jubilación y protección legal.
Reclamo por la insuficiencia de recursos materiales
La ausencia de apoyo institucional se refleja también en la insuficiencia de medios materiales, que los agentes califican como crítica. JUCIL solicita una dotación urgente de equipamiento de protección para reducir los riesgos durante sus intervenciones:
• Protección individual: Actualmente, los chalecos antibalas se comparten y con frecuencia no se ajustan correctamente a las tallas de los agentes, por lo que se exige que cada miembro disponga de un chaleco individual adaptado.
• Armamento no letal y sistemas de grabación: Solicitan la distribución de pistolas eléctricas paralizantes (Taser) para todas las patrullas, defensas extensibles para uso individual y la implementación de cámaras personales que garanticen la seguridad jurídica durante sus actuaciones.
• Seguridad en el ámbito marítimo y movilidad: Demandas que incluyen trajes de flotabilidad para el Servicio Marítimo y la renovación de una flota de vehículos que consideran desfasada.
Acciones legales en España y a nivel europeo
La defensa de los guardias civiles también se extiende al ámbito judicial. JUCIL mantiene una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para el reconocimiento de sus derechos de sindicación y huelga. De forma paralela, el Tribunal Supremo aceptó a trámite en octubre su petición para que se amplíen a la Guardia Civil los beneficios derivados de la sentencia que reconoce la profesión de riesgo a los miembros de la Policía Nacional.
«Nos referimos a vidas humanas dedicadas al servicio de la ciudadanía, a menudo en condiciones precarias y sin el respaldo adecuado», afirman desde la asociación profesional.
