El Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona ha dado un paso significativo al admitir a trámite la querella presentada contra tres agentes de los Mossos d’Esquadra. Estos agentes están acusados de haber colaborado en la huida del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, el pasado mes de agosto en Barcelona.
Según el informe remitido por la policía autonómica al Tribunal Supremo, existen indicios suficientes de una planificación previa y una ejecución coordinada durante la fase preparatoria, el transcurso y la posterior huida de Puigdemont. Este informe ha sido clave para que el juez decida admitir la querella.
En un auto fechado el 16 de diciembre, el juez detalla que los tres agentes formaban parte de un dispositivo previamente preparado y estructurado, lo que permitió a Puigdemont eludir la orden de detención vigente. Esta situación ha generado una gran controversia y ha puesto en el punto de mira la actuación de los Mossos d’Esquadra.
La querella fue presentada por la asociación Hazte Oír el 19 de agosto, acusando a los agentes de varios delitos, entre ellos, omisión del deber de perseguir delitos, denegación del cumplimiento de resoluciones judiciales, denegación de auxilio a la Administración de Justicia y encubrimiento, según los artículos 408, 410, 412 y 451 del Código Penal, respectivamente.
El juez ha solicitado una fianza de 15.000 euros antes de decidir sobre las medidas cautelares solicitadas en la querella. Según un comunicado de Hazte Oír, esta fianza ya ha sido abonada, y su presidente, Ignacio Arsuaga, ha asegurado que continuarán ejerciendo todas las acciones necesarias para que se depuren las responsabilidades penales correspondientes.
Suspensión Cautelar de los Agentes
La dirección general de la policía catalana ha decidido suspender de forma cautelar a los tres agentes implicados. Uno de ellos es el propietario del vehículo utilizado en la fuga de Puigdemont, aunque ha alegado que prestó el coche a una amiga en silla de ruedas, quien conducía en el momento de la fuga.
En el informe remitido al Tribunal Supremo, los Mossos admiten errores en el dispositivo de búsqueda de Puigdemont. Reconocen que la maniobra de distracción del expresidente catalán, en un movimiento que consideran que escapa a toda lógica racional o política, los sumió en una situación de confusión e incertidumbre que impidió su detención.
Este caso sigue generando un intenso debate sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la posible implicación de funcionarios en la fuga de Puigdemont. La resolución del caso podría tener importantes repercusiones políticas y judiciales en Cataluña y en el resto de España.
