Acciona, empresa española destacada en construcción y energías renovables, ha encargado a la consultora PwC la tarea de revisar y mejorar sus protocolos de prevención de delitos y sus sistemas internos de control. Esta decisión se toma después de la imputación de un exdirectivo en el denominado ‘caso Koldo’, un escándalo de corrupción vinculado a la dirigencia del PSOE que ha afectado a varias empresas del sector.
La investigación, que está bajo la supervisión del Tribunal Supremo, llevó a la Unidad Central Operativa (UCO) a registrar varias oficinas de Acciona para recopilar documentación relacionada con sus operaciones. Según informaciones internas, la compañía está colaborando con las autoridades judiciales y ha reforzado sus equipos de cumplimiento normativo.
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En un comunicado oficial, Acciona afirmó que la contratación de PwC busca “asegurar la máxima transparencia y robustecer los mecanismos para detectar y prevenir riesgos penales dentro de la organización”. La consultora llevará a cabo un análisis detallado de los procedimientos internos, flujos financieros y políticas de control, con el fin de identificar posibles vulnerabilidades y proponer mejoras que minimicen el riesgo de irregularidades en el futuro.
Especialistas del sector señalan que la postura adoptada por Acciona refleja una tendencia creciente en grandes empresas a revisar sus protocolos de compliance frente a investigaciones judiciales, especialmente cuando existen implicaciones políticas o de gran repercusión mediática.
El ‘caso Koldo’ ha captado la atención mediática por la implicación de altos cargos del PSOE y su relación con diversas operaciones empresariales. En este contexto, Acciona pretende no solo cumplir con la normativa vigente, sino también salvaguardar su reputación y mantener la confianza de clientes, inversores y empleados.
Analistas destacan que, aunque la imputación de un exdirectivo no supone necesariamente una responsabilidad directa para la compañía, la reacción rápida de Acciona subraya la importancia que las empresas otorgan a los protocolos de compliance y la gestión de riesgos en momentos de escrutinio judicial.
