José Luis Ábalos, exministro y figura fundamental en la consolidación del PSOE bajo Pedro Sánchez y protagonista en la moción de censura de 2018, se encuentra desde el pasado jueves en el módulo 13 de la prisión de Soto del Real.
El Tribunal Supremo ordenó su ingreso en prisión provisional junto al de su exasesor, Koldo García, debido al riesgo de fuga en una investigación por presunta corrupción vinculada a contratos públicos durante la pandemia. La Fiscalía reclama penas severas por estos hechos, que han generado impacto tanto en el Gobierno como en el partido que apoyó durante años.
Desde la prisión, Ábalos ha emprendido una estrategia pública contra antiguos miembros del Ejecutivo. Mediante mensajes difundidos en una cuenta que ya no administra personalmente, sostiene su inocencia y denuncia lo que considera una persecución política. Asegura que su encarcelamiento no logrará silenciarlo ni minar su determinación para defenderse.
También ha señalado presuntas irregularidades dentro del Gobierno, incluyendo decisiones adoptadas al margen de la legalidad y maniobras poco claras relacionadas con fondos públicos. Estas declaraciones han generado preocupación en el entorno socialista, donde su figura ahora se considera un obstáculo político.
Las respuestas desde el Ejecutivo han sido comedidas. Si bien algunos funcionarios califican la situación como “muy delicada”, se enfatiza que la justicia debe actuar con autonomía y que nadie está por encima de la ley. Al mismo tiempo, se procura distanciarse de quien fue en su momento uno de los líderes más influyentes del partido.
Mientras tanto, la causa judicial continúa su desarrollo. La defensa de Ábalos ha presentado un recurso contra la orden de prisión y en las próximas semanas se decidirá si continúa su reclusión y si pierde derechos parlamentarios de forma definitiva. Este procedimiento tiene el potencial de ser uno de los mayores escándalos políticos y judiciales recientes en España.
