Iustitia Europa, liderada por su presidente y abogado Luis María Pardo, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. El objetivo es impugnar el decreto del Ministerio del Interior que regula las obligaciones de registro de viajeros, solicitando su suspensión cautelar.
La normativa, que entró en vigor el pasado lunes, obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recopilar y almacenar hasta 42 datos personales de sus clientes durante tres años. Esta medida ha generado críticas significativas dentro del sector turístico.
Según Iustitia Europa, el decreto representa una violación flagrante de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La organización argumenta que el Gobierno está tomando un rumbo preocupante hacia la deriva institucional.
El decreto, según sus críticos, invade la privacidad de millones de turistas, ciudadanos españoles y extranjeros al exigir información extremadamente sensible, como datos financieros, relaciones familiares o de parentesco y métodos de pago.
Pide la Suspensión Cautelar de la Norma
Iustitia Europa ha solicitado la suspensión cautelar de la norma, argumentando que su ejecución supondría un perjuicio irreparable y tendría un severo impacto en el turismo y en la imagen de España.
La organización considera que la obligación de recopilar datos sensibles podría disuadir a turistas internacionales de visitar España, afectando directamente al sector hotelero y a la competitividad del país. «No todo vale en nombre de la seguridad», ha recalcado su presidente.
En opinión de Luis María Pardo, estas medidas son desproporcionadas, vulneran la intimidad de las personas, el reglamento general de protección de datos y carecen de base jurídica suficiente.
El debate sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad sigue siendo un tema candente en el ámbito legal y social. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para futuras regulaciones en el ámbito de la protección de datos personales.
