MADRID — La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado este miércoles que cerca de 190.000 hijos e hijas de personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la llamada «ley de nietos» podrán participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
El alto tribunal ha rechazado por mayoría el recurso de reposición presentado por Vox —que pedía ampliar la suspensión del derecho a voto a este grupo—, sosteniendo que, con el calendario electoral tan avanzado y las elecciones próximas, no es factible realizar una nueva revisión del censo.
Diferenciación respecto a los padres
Esta resolución establece una distinción importante con la situación de sus progenitores. Hay que recordar que el Tribunal Supremo mantiene de forma cautelar la suspensión del derecho a votar de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad directamente por la Ley de Memoria Democrática (conocida como «ley de nietos»), salvo que puedan demostrar documentalmente ser descendientes directos de exiliados políticos. Datos de la Abogacía del Estado indican que esta restricción afecta a más de 113.000 personas inscritas en el censo exterior (CERA).
No obstante, en relación a los hijos de estos nacionalizados, el tribunal ha entendido que una modificación o saneamiento del censo a tan pocos días de la votación perjudicaría gravemente las garantías legales y el derecho fundamental al sufragio, por lo que finalmente han aprobado que este colectivo pueda votar el 29-N. La decisión judicial ha contado con algún voto disidente que abogaba por suspender también la participación de este grupo y con votos concurrentes de otros magistrados.
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El alto tribunal ha rechazado por mayoría el recurso de reposición presentado por Vox —que pedía ampliar la suspensión del derecho a voto a este grupo—, sosteniendo que, con el calendario electoral tan avanzado y las elecciones próximas, no es factible realizar una nueva revisión del censo.
Diferenciación respecto a los padres
Esta resolución establece una distinción importante con la situación de sus progenitores. Hay que recordar que el Tribunal Supremo mantiene de forma cautelar la suspensión del derecho a votar de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad directamente por la Ley de Memoria Democrática (conocida como «ley de nietos»), salvo que puedan demostrar documentalmente ser descendientes directos de exiliados políticos. Datos de la Abogacía del Estado indican que esta restricción afecta a más de 113.000 personas inscritas en el censo exterior (CERA).
No obstante, en relación a los hijos de estos nacionalizados, el tribunal ha entendido que una modificación o saneamiento del censo a tan pocos días de la votación perjudicaría gravemente las garantías legales y el derecho fundamental al sufragio, por lo que finalmente han aprobado que este colectivo pueda votar el 29-N. La decisión judicial ha contado con algún voto disidente que abogaba por suspender también la participación de este grupo y con votos concurrentes de otros magistrados.
MADRID — La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado este miércoles que cerca de 190.000 hijos e hijas de personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la llamada «ley de nietos» podrán participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
El alto tribunal ha rechazado por mayoría el recurso de reposición presentado por Vox —que pedía ampliar la suspensión del derecho a voto a este grupo—, sosteniendo que, con el calendario electoral tan avanzado y las elecciones próximas, no es factible realizar una nueva revisión del censo.
Diferenciación respecto a los padres
Esta resolución establece una distinción importante con la situación de sus progenitores. Hay que recordar que el Tribunal Supremo mantiene de forma cautelar la suspensión del derecho a votar de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad directamente por la Ley de Memoria Democrática (conocida como «ley de nietos»), salvo que puedan demostrar documentalmente ser descendientes directos de exiliados políticos. Datos de la Abogacía del Estado indican que esta restricción afecta a más de 113.000 personas inscritas en el censo exterior (CERA).
No obstante, en relación a los hijos de estos nacionalizados, el tribunal ha entendido que una modificación o saneamiento del censo a tan pocos días de la votación perjudicaría gravemente las garantías legales y el derecho fundamental al sufragio, por lo que finalmente han aprobado que este colectivo pueda votar el 29-N. La decisión judicial ha contado con algún voto disidente que abogaba por suspender también la participación de este grupo y con votos concurrentes de otros magistrados.
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El alto tribunal ha rechazado por mayoría el recurso de reposición presentado por Vox —que pedía ampliar la suspensión del derecho a voto a este grupo—, sosteniendo que, con el calendario electoral tan avanzado y las elecciones próximas, no es factible realizar una nueva revisión del censo.
Diferenciación respecto a los padres
Esta resolución establece una distinción importante con la situación de sus progenitores. Hay que recordar que el Tribunal Supremo mantiene de forma cautelar la suspensión del derecho a votar de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad directamente por la Ley de Memoria Democrática (conocida como «ley de nietos»), salvo que puedan demostrar documentalmente ser descendientes directos de exiliados políticos. Datos de la Abogacía del Estado indican que esta restricción afecta a más de 113.000 personas inscritas en el censo exterior (CERA).
No obstante, en relación a los hijos de estos nacionalizados, el tribunal ha entendido que una modificación o saneamiento del censo a tan pocos días de la votación perjudicaría gravemente las garantías legales y el derecho fundamental al sufragio, por lo que finalmente han aprobado que este colectivo pueda votar el 29-N. La decisión judicial ha contado con algún voto disidente que abogaba por suspender también la participación de este grupo y con votos concurrentes de otros magistrados.

















