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El Gobierno cuestiona la «legalidad dudosa» del centro de deportación en Ruanda y rechaza externalizar la gestión migratoria

17/11/2026
en Internacional
Tiempo de lectura: 2 minutos leidos
El Gobierno carga contra la «dudosa legalidad» del centro de deportación en Ruanda y rechaza externalizar la gestión migratoria

Madrid — El Ejecutivo español ha expresado su firme rechazo al pacto firmado por varios países miembros de la Unión Europea para establecer un centro de deportación y retorno de migrantes en Ruanda. Desde el Gobierno se ha puesto en duda la validez jurídica de esta iniciativa y se ha defendido un enfoque basado en los derechos humanos.

En línea con esta postura, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que estas “soluciones innovadoras” promovidas por países como Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos carecen de un respaldo jurídico firme. “No apoyamos en ningún caso estas soluciones innovadoras que, además, presentan dudas en cuanto a su legalidad”, afirmó Saiz, subrayando que España defiende constantemente una gestión migratoria regular, ordenada y segura.

Frente común comunitario y discrepancias de fondo

El plan, que contempla enviar a territorio ruandés a quienes tengan su solicitud de asilo rechazada de forma definitiva, ha sido rechazado de manera tajante por el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advirtió que este tipo de políticas de externalización fronteriza carecen de “futuro y humanidad”, distanciándose así de las propuestas para transferir la gestión de los retornos fuera de la Unión Europea.

Mientras que algunos sectores comunitarios y los países implicados defienden que esta medida acelerará las expulsiones y ayudará a combatir las redes organizadas, el Gobierno español mantiene su preferencia por la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito, garantizando el respeto absoluto al derecho internacional y a la protección de los derechos fundamentales.

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Madrid — El Ejecutivo español ha expresado su firme rechazo al pacto firmado por varios países miembros de la Unión Europea para establecer un centro de deportación y retorno de migrantes en Ruanda. Desde el Gobierno se ha puesto en duda la validez jurídica de esta iniciativa y se ha defendido un enfoque basado en los derechos humanos.

En línea con esta postura, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que estas “soluciones innovadoras” promovidas por países como Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos carecen de un respaldo jurídico firme. “No apoyamos en ningún caso estas soluciones innovadoras que, además, presentan dudas en cuanto a su legalidad”, afirmó Saiz, subrayando que España defiende constantemente una gestión migratoria regular, ordenada y segura.

Frente común comunitario y discrepancias de fondo

El plan, que contempla enviar a territorio ruandés a quienes tengan su solicitud de asilo rechazada de forma definitiva, ha sido rechazado de manera tajante por el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advirtió que este tipo de políticas de externalización fronteriza carecen de “futuro y humanidad”, distanciándose así de las propuestas para transferir la gestión de los retornos fuera de la Unión Europea.

Mientras que algunos sectores comunitarios y los países implicados defienden que esta medida acelerará las expulsiones y ayudará a combatir las redes organizadas, el Gobierno español mantiene su preferencia por la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito, garantizando el respeto absoluto al derecho internacional y a la protección de los derechos fundamentales.

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En línea con esta postura, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que estas “soluciones innovadoras” promovidas por países como Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos carecen de un respaldo jurídico firme. “No apoyamos en ningún caso estas soluciones innovadoras que, además, presentan dudas en cuanto a su legalidad”, afirmó Saiz, subrayando que España defiende constantemente una gestión migratoria regular, ordenada y segura.

Frente común comunitario y discrepancias de fondo

El plan, que contempla enviar a territorio ruandés a quienes tengan su solicitud de asilo rechazada de forma definitiva, ha sido rechazado de manera tajante por el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advirtió que este tipo de políticas de externalización fronteriza carecen de “futuro y humanidad”, distanciándose así de las propuestas para transferir la gestión de los retornos fuera de la Unión Europea.

Mientras que algunos sectores comunitarios y los países implicados defienden que esta medida acelerará las expulsiones y ayudará a combatir las redes organizadas, el Gobierno español mantiene su preferencia por la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito, garantizando el respeto absoluto al derecho internacional y a la protección de los derechos fundamentales.

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En línea con esta postura, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que estas “soluciones innovadoras” promovidas por países como Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos carecen de un respaldo jurídico firme. “No apoyamos en ningún caso estas soluciones innovadoras que, además, presentan dudas en cuanto a su legalidad”, afirmó Saiz, subrayando que España defiende constantemente una gestión migratoria regular, ordenada y segura.

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El plan, que contempla enviar a territorio ruandés a quienes tengan su solicitud de asilo rechazada de forma definitiva, ha sido rechazado de manera tajante por el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advirtió que este tipo de políticas de externalización fronteriza carecen de “futuro y humanidad”, distanciándose así de las propuestas para transferir la gestión de los retornos fuera de la Unión Europea.

Mientras que algunos sectores comunitarios y los países implicados defienden que esta medida acelerará las expulsiones y ayudará a combatir las redes organizadas, el Gobierno español mantiene su preferencia por la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito, garantizando el respeto absoluto al derecho internacional y a la protección de los derechos fundamentales.

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