Cerca del 70% de los 8.000 adultos identificados desde la entrada masiva de julio no asiste a su cita con la Policía Nacional, lo que paraliza en la práctica los procesos de repatriación.
Tres meses y medio después del masivo ingreso de migrantes ocurrido en Ceuta el pasado 30 de julio, la gestión administrativa y policial de la crisis se encuentra estancada. Según datos de las autoridades, más de 5.500 personas que iniciaron los trámites para ser expulsadas permanecen actualmente sin localización en la ciudad autónoma, tras no acudir a sus entrevistas de asilo.
Desde aquel episodio, la Policía Nacional ha iniciado cerca de 8.000 expedientes de expulsión para adultos, a los que se suman aproximadamente 3.700 menores no acompañados identificados. Este total cercano a 12.000 personas sigue en la ciudad, luego de que más de 88.000 regresaran voluntariamente en las semanas posteriores, según informes de la Guardia Civil.
Un bloqueo administrativo en el procedimiento «preferente»
El procedimiento aplicado por las patrullas al detectar a personas sin documentación en la vía pública inicia con una etapa de triaje —toma de huellas, fotografía y asignación de un número de NIE— que activa un expediente de expulsión mediante la vía «preferente», diseñada para reducir los tiempos.
No obstante, el proceso se detiene en el siguiente paso: la mayoría manifiesta su intención de solicitar protección internacional, lo que implica convocar una entrevista formal unos tres días después. En esa fecha, solo un 27,5% (alrededor de 2.200 solicitantes) acude. Fuentes policiales indican que muchos reciben orientación para evitar esa entrevista, ya que la denegación del asilo —especialmente para ciudadanos marroquíes— podría reactivar inmediatamente la orden de expulsión.
Por ello, el expediente solo puede continuar si una patrulla vuelve a localizar a la persona en la calle, algo complicado porque quienes evitan el proceso suelen alejarse de zonas con presencia policial, mientras diariamente se detectan decenas de nuevos casos sin documentación.
Falta de medios técnicos y saturación de recursos
A la ausencia de los solicitantes se suma la lentitud en las entrevistas que sí se celebran, al requerir la presencia obligatoria de un abogado y un intérprete. Pese a que la Policía Nacional cuenta desde hace dos años con un software de traducción automática que agilizaría estas tareas, el Ministerio del Interior ha rechazado en al menos dos ocasiones su uso en Ceuta, alegando posibles incompatibilidades con la ley de protección de datos.
Mientras tanto, la presión sobre los servicios sociales de la ciudad autónoma continúa al máximo:
- Menores sin tutela: Los aproximadamente 3.700 menores encontrados no pueden ser expulsados por ley. La ONG Coordinadora de Barrios denunció este domingo que más de 500 de ellos están durmiendo en las calles de Ceuta sin apoyo institucional.
- Falta de traslados: A diferencia de lo realizado en El Hierro, donde ya se están realizando derivaciones hacia la Península para aliviar la carga insular, en Ceuta no se han gestionado traslados ni para los cerca de 8.000 adultos ni para los menores, lo que agrava la saturación de la ciudad.
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