Con solo un día restante para la huelga general enfocada en la vivienda y los salarios, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) manifiesta que varios gobiernos han establecido servicios mínimos que restringen significativamente el derecho a la huelga de muchas plantillas. La CSI apoya los recursos presentados por el sindicato CGT y asegura que estas restricciones desvirtúan los objetivos de la movilización programada para el 11 de noviembre.
El propósito de los servicios mínimos es asegurar las funciones esenciales, sin que la huelga del 11N se convierta en un día habitual. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se exige que el Metro opere al 80 % durante las horas punta, mientras que en Catalunya el transporte público está fijado en un 25 %.
Asimismo, el Gobierno central mantiene el servicio de Cercanías al 75 % y establece mínimos en Correos, justificándolos por las elecciones del 29N y no directamente por la huelga. Las Illes Balears también requieren que el transporte escolar funcione al 100 % y el metro de Palma al 80 % durante gran parte del día.
En la Comunitat Valenciana debe abrirse la totalidad de los colegios, manteniéndose un 60 % del personal en los comedores escolares y un 80 % en los centros de Educación Especial. En Andalucía, el 75 % de la sanidad pública y privada debe permanecer en funcionamiento, atribuyendo esto como una práctica habitual en otras convocatorias de paro. En La Rioja, incluso se aplican mínimos en museos, bibliotecas y polideportivos.
Por contraste, el transporte público en Catalunya está fijado al 25 % y en Euskadi al 30 %. Según la CSI, si estas comunidades pueden garantizar la movilidad básica con esos porcentajes, no existe justificación para los niveles elevados establecidos en Madrid y otras regiones. La CSI respalda las demandas judiciales que CGT ha interpuesto contra estas disposiciones.
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