La Sala de lo Contencioso-Administrativo deniega las solicitudes de Vox e Iustitia Europa debido al escaso margen temporal antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Los aproximadamente 190.000 descendientes de españoles nacionalizados en el extranjero a través de la Ley de Memoria Democrática conservarán su derecho a votar en los comicios generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado las peticiones de Vox y la formación Iustitia Europa, que pretendían ampliar esta suspensión del voto ya decretada en septiembre para más de 163.000 beneficiarios directos de la norma.
La resolución judicial apoya los argumentos expuestos por la Abogacía del Estado, estableciendo que modificar la composición del censo electoral a pocos días del inicio de la campaña y del comienzo del voto consular vulneraría los principios de seguridad jurídica y estabilidad en el proceso electoral.
Cronología del conflicto judicial
| Fecha / Hito | Decisión del Tribunal Supremo / Contexto |
| Septiembre | El Supremo acuerda suspender temporalmente el derecho al voto a más de 163.000 personas nacionalizadas bajo el apartado 1.1 de la Ley de Memoria (hijos y nietos del exilio). |
| Petición de Vox e Iustitia Europa | Solicitan que la medida se extienda al apartado 1.b (Anexo III), afectando a 189.678 hijos mayores de edad de nacionalizados. |
| Oposición de la Abogacía del Estado | Señala el riesgo de saturación de los trámites consulares y posibles irregularidades en el escrutinio del 29-N si se modifica el censo en el último momento. |
| Resolución actual | El Supremo deniega la ampliación cautelar debido a la imposibilidad material de revisar el CERA con el proceso electoral ya en marcha. |
Inviabilidad material y complejidad técnica
El tribunal ha destacado el «breve lapso temporal» que queda hasta la fecha electoral. La petición fue presentada cuando ya se había superado la mitad del periodo electoral y faltaban solo dos semanas para el inicio del depósito del voto presencial en los consulados españoles en el exterior.
Además, la Abogacía del Estado indicó durante el proceso que en las cifras del censo del 1 de agosto (que incluyen 189.678 inscritos por esta vía) también se cuentan los descendientes de beneficiarios de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007. Al no contar la Administración con un desglose exacto entre ambas normas sin revisar manualmente los expedientes consulares, aplicar la medida solicitada habría puesto en peligro la legalidad del proceso electoral y la validez del resultado final.
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Los aproximadamente 190.000 descendientes de españoles nacionalizados en el extranjero a través de la Ley de Memoria Democrática conservarán su derecho a votar en los comicios generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado las peticiones de Vox y la formación Iustitia Europa, que pretendían ampliar esta suspensión del voto ya decretada en septiembre para más de 163.000 beneficiarios directos de la norma.
La resolución judicial apoya los argumentos expuestos por la Abogacía del Estado, estableciendo que modificar la composición del censo electoral a pocos días del inicio de la campaña y del comienzo del voto consular vulneraría los principios de seguridad jurídica y estabilidad en el proceso electoral.
Cronología del conflicto judicial
| Fecha / Hito | Decisión del Tribunal Supremo / Contexto |
| Septiembre | El Supremo acuerda suspender temporalmente el derecho al voto a más de 163.000 personas nacionalizadas bajo el apartado 1.1 de la Ley de Memoria (hijos y nietos del exilio). |
| Petición de Vox e Iustitia Europa | Solicitan que la medida se extienda al apartado 1.b (Anexo III), afectando a 189.678 hijos mayores de edad de nacionalizados. |
| Oposición de la Abogacía del Estado | Señala el riesgo de saturación de los trámites consulares y posibles irregularidades en el escrutinio del 29-N si se modifica el censo en el último momento. |
| Resolución actual | El Supremo deniega la ampliación cautelar debido a la imposibilidad material de revisar el CERA con el proceso electoral ya en marcha. |
Inviabilidad material y complejidad técnica
El tribunal ha destacado el «breve lapso temporal» que queda hasta la fecha electoral. La petición fue presentada cuando ya se había superado la mitad del periodo electoral y faltaban solo dos semanas para el inicio del depósito del voto presencial en los consulados españoles en el exterior.
Además, la Abogacía del Estado indicó durante el proceso que en las cifras del censo del 1 de agosto (que incluyen 189.678 inscritos por esta vía) también se cuentan los descendientes de beneficiarios de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007. Al no contar la Administración con un desglose exacto entre ambas normas sin revisar manualmente los expedientes consulares, aplicar la medida solicitada habría puesto en peligro la legalidad del proceso electoral y la validez del resultado final.
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo deniega las solicitudes de Vox e Iustitia Europa debido al escaso margen temporal antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Los aproximadamente 190.000 descendientes de españoles nacionalizados en el extranjero a través de la Ley de Memoria Democrática conservarán su derecho a votar en los comicios generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado las peticiones de Vox y la formación Iustitia Europa, que pretendían ampliar esta suspensión del voto ya decretada en septiembre para más de 163.000 beneficiarios directos de la norma.
La resolución judicial apoya los argumentos expuestos por la Abogacía del Estado, estableciendo que modificar la composición del censo electoral a pocos días del inicio de la campaña y del comienzo del voto consular vulneraría los principios de seguridad jurídica y estabilidad en el proceso electoral.
Cronología del conflicto judicial
| Fecha / Hito | Decisión del Tribunal Supremo / Contexto |
| Septiembre | El Supremo acuerda suspender temporalmente el derecho al voto a más de 163.000 personas nacionalizadas bajo el apartado 1.1 de la Ley de Memoria (hijos y nietos del exilio). |
| Petición de Vox e Iustitia Europa | Solicitan que la medida se extienda al apartado 1.b (Anexo III), afectando a 189.678 hijos mayores de edad de nacionalizados. |
| Oposición de la Abogacía del Estado | Señala el riesgo de saturación de los trámites consulares y posibles irregularidades en el escrutinio del 29-N si se modifica el censo en el último momento. |
| Resolución actual | El Supremo deniega la ampliación cautelar debido a la imposibilidad material de revisar el CERA con el proceso electoral ya en marcha. |
Inviabilidad material y complejidad técnica
El tribunal ha destacado el «breve lapso temporal» que queda hasta la fecha electoral. La petición fue presentada cuando ya se había superado la mitad del periodo electoral y faltaban solo dos semanas para el inicio del depósito del voto presencial en los consulados españoles en el exterior.
Además, la Abogacía del Estado indicó durante el proceso que en las cifras del censo del 1 de agosto (que incluyen 189.678 inscritos por esta vía) también se cuentan los descendientes de beneficiarios de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007. Al no contar la Administración con un desglose exacto entre ambas normas sin revisar manualmente los expedientes consulares, aplicar la medida solicitada habría puesto en peligro la legalidad del proceso electoral y la validez del resultado final.
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Además, la Abogacía del Estado indicó durante el proceso que en las cifras del censo del 1 de agosto (que incluyen 189.678 inscritos por esta vía) también se cuentan los descendientes de beneficiarios de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007. Al no contar la Administración con un desglose exacto entre ambas normas sin revisar manualmente los expedientes consulares, aplicar la medida solicitada habría puesto en peligro la legalidad del proceso electoral y la validez del resultado final.
