Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno para las elecciones del 29-N, presentó este viernes en Málaga una iniciativa clave de su programa en materia de vivienda: la creación de una ley de expropiación dirigida a los fondos de inversión que poseen viviendas. La propuesta contempla que el Estado recupere cerca de 100.000 inmuebles a precios inferiores a su valor de mercado, incorporándolos directamente al parque público de alquiler asequible.
En una reunión con medios centrada en el acceso al suelo residencial, la exalcaldesa de Barcelona detalló que la norma se aplicaría de forma gradual. Inicialmente se intervendría en grandes entidades financieras con más de 1.000 viviendas, para luego extender la medida a compañías con 700 inmuebles y, progresivamente, hasta llegar a entidades con alrededor de cincuenta propiedades.
Intervención a trece importantes poseedores y establecimiento de precios accesibles
Colau señaló que trece fondos de inversión internacionales concentran en España un total aproximado de 100.000 viviendas. La líder de Frente Amplio calificó como «inaceptable» la compra masiva de pisos por parte de capitales extranjeros, que operan en el mercado con márgenes especulativos y aplican precios elevados para los ciudadanos.
La propuesta busca que las expropiaciones se efectúen bajo el valor de las tasaciones privadas habituales, asegurando que el coste de la transferencia permita ofrecer las viviendas a inquilinos con cuotas reguladas. Según la candidata, esta medida responde a la necesidad de proteger la función social de la vivienda y frenar la obtención de beneficios excesivos por parte de los fondos de inversión.
Complemento con impuestos a grandes fortunas
Esta propuesta forma parte del conjunto de medidas económicas de la plataforma progresista para las próximas elecciones generales. La ley de expropiación se complementaría con la creación de un impuesto estatal a las grandes fortunas consideradas «ultraricas», constituyendo un eje de campaña centrado en la redistribución fiscal y la moderación de los costes de vida.
Desde Frente Amplio destacan que la desigualdad en la distribución de la riqueza y la dificultad de acceso a la vivienda son dos de las principales problemáticas sociales en España, por lo que la regulación de los grandes tenedores es una prioridad en las futuras negociaciones para formar un gobierno de coalición tras el 29 de noviembre.
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