Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han emitido un comunicado conjunto en el que critican a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por dar un uso «político» a las instituciones legislativas justo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La respuesta empresarial llega después de que se hiciera pública, en periodo de consulta pública, una propuesta para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 5,3% para el próximo año. Los empresarios denunciaron que conocieron esta subida a través de los medios de comunicación, sin que se hubiera abierto antes una mesa de diálogo social con los agentes económicos.
El equipo directivo liderado por Antonio Garamendi sostiene que fijar las tablas salariales mínimas a pocos días del inicio oficial de la campaña electoral incumple los principios de lealtad institucional. Por ello, la patronal ha instado al Ministerio de Trabajo a detener el proceso actual y trasladar la negociación del decreto salarial al nuevo Gobierno que resulte electo tras las elecciones de diciembre, asegurando que se cumplan los plazos legales para su aprobación antes del fin del ejercicio 2026.
Advertencia sobre el impacto en las pymes y la ausencia de actualización en la contratación pública
Desde una perspectiva socioeconómica, el sector empresarial avisa que un aumento del 5,3%, adoptado sin acuerdo técnico, perjudicará notablemente al conjunto de pequeñas y medianas empresas, a las explotaciones agrícolas y a los sectores con alta demanda de mano de obra. Además, las patronales indican que esta medida incrementará directamente los costes de muchas familias que precisan contratar servicios para el cuidado de personas dependientes, superando las previsiones oficiales del IPC.
Asimismo, CEOE y Cepyme reprochan nuevamente al actual Gobierno en funciones su negativa a actualizar la regulación sobre contratación pública. Los empresarios critican que la administración general aplique subidas salariales por decreto, mientras mantiene congelada desde hace casi diez años la ley de desindexación, lo que impide que las empresas que gestionan servicios estatales puedan trasladar los mayores costes laborales derivados del SMI a sus licitaciones.
Demandan criterios técnicos frente al uso electoralista del salario mínimo
Las entidades que representan a los empresarios concluyen su comunicado reiterando su voluntad de discutir aumentos para las rentas más bajas, pero condicionan cualquier avance a la existencia de un diálogo social real, basado en indicadores macroeconómicos técnicos. Para la patronal, la evolución del salario mínimo debe estar en consonancia con la productividad, la preservación del empleo formal y el respeto a la negociación colectiva entre sindicatos y empleadores.
Con esta postura firme, la gran patronal y la confederación de pymes pretenden frenar la aprobación rápida del decreto antes de la jornada electoral, pasando la discusión distributiva al escenario de acuerdos pos electorales tras el 29-N, donde esperan contar con proyecciones económicas más fiables.
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