El exministro remite al legado de sus abuelos represaliados y a la memoria de su padre tras dimitir por motivos de dignidad política y solidaridad con las víctimas de los siniestros de Urda y Adamuz
Óscar Puente concluyó su etapa como ministro de Transportes apoyándose en sus antecedentes familiares y en una herencia socialistas. En su despedida del Gobierno, marcada por el impacto del accidente ferroviario de Urda, el exministro hizo referencia a la historia de sus antepasados, destacando las imágenes de sus abuelos perseguidos durante el franquismo y el ejemplo de su padre para legitimar su actuación política en la situación actual. Su renuncia llega tras dos graves accidentes en la red ferroviaria que causaron un total de 115 muertes: 46 en Adamuz y 69 en Urda.
Durante su comparecencia de despedida, Puente manifestó que su dimisión responde a razones de “dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas”, y confirmó que no participará en las elecciones programadas para el 29 de noviembre. La renuncia se produjo tras varios días en los que defendió mantenerse en el cargo, sosteniendo que no había adoptado ni dejado de tomar decisiones que contribuyeran directamente a los accidentes.
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El legado de Antonio Santiago Álvarez y su relación con el PSOE
En la historia familiar del exministro, destaca su abuelo materno, Antonio Santiago Álvarez. Funcionariodel Ayuntamiento de Valladolid y miembro del PSOE, tras la Guerra Civil perdió su puesto y fue encarcelado durante tres años, entre 1939 y 1942. Según ha contado Puente en varias ocasiones, su abuelo recibió golpes semanales y fue sometido a duchas con agua fría sin ropa en el patio de la cárcel durante los inviernos en Valladolid. También recordó cómo su abuela solía llevar ropa limpia y recogía la manchada de sangre, y cómo consiguió evitar la ejecución cuando iba a ser trasladado hacia las tapias del Campo de San Isidro gracias a la intervención de un conocido que alegó su fe religiosa.
Antonio Santiago Álvarez falleció en 1968, año en que nació su nieto. Esta experiencia familiar ha formado parte de los argumentos políticos de Puente. En abril de 2024, cuando Pedro Sánchez consideraba su permanencia en el Gobierno, el entonces ministro de Transportes mencionó la historia de su abuelo ante el Comité Federal del PSOE para instar al presidente a no dimitir, señalando que los actuales reveses políticos eran menores en comparación con las pruebas que enfrentó su antecesor. Más de dos años después, esta misma referencia ha servido para contextualizar su propia salida del Ejecutivo.
Los orígenes rurales gallegos y su acceso a la alcaldía de Valladolid
La familia paterna del exministro proviene del entorno rural gallego. Su padre, Óscar Puente Varela, nació el 27 de diciembre de 1939 en O Mazo, una pequeña aldea de dos viviendas rodeada de robledales en la parroquia de Santalla de Arxemil, dentro del municipio de Sarria (Lugo). Tras pasar su infancia en el campo con poca educación formal en la posguerra, emigró con quince años a Madrid y después se estableció en Valladolid, donde trabajó en reparación de televisores y contrajo matrimonio con Carmen Santiago del Barrio, hija del funcionario represaliado.
Su madre, nacida en 1945 en la Plaza de las Monjas del barrio vallisoletano de La Victoria, fue militante socialista y transmitió sus ideales políticos a sus hijos. Óscar Puente se afilió al PSOE en 1990. Más tarde, el 13 de junio de 2015, durante su discurso de investidura como alcalde de Valladolid tras 20 años de mandato de Javier León de la Riva, puso énfasis en su origen familiar, recordando a su abuelo apartado del Ayuntamiento y al alcalde socialista Antonio García Quintana, fusilado en 1937 y para quien trabajaba su abuelo. En esa ocasión, se definió como “uno de los de abajo”, comprometiéndose a promover el diálogo y la transparencia en el gobierno local.
En mayo de 2025, Puente compartió una imagen junto a su padre y su hijo recién nacido, representando tres generaciones bajo ese mismo nombre. Su dimisión, con un trasfondo electoral, se formaliza tras dos tragedias que causaron 115 muertos y rompieron la confianza pública en la seguridad ferroviaria, dejando interrogantes pendientes sobre la gestión pública en su etapa como ministro de Transportes.
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