Un operativo conjunto de 400 agentes de la Policía Nacional y Municipal actúa en la Puerta del Sol para retirar el campamento que permanecía tras el anuncio del final de la protesta por parte de sus promotores
Un amplio dispositivo formado por 400 efectivos de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid ha despejado de madrugada a las 334 personas que seguían durmiendo en la acampada situada en la Puerta del Sol. La acción policial, realizada alrededor de las tres de la mañana, se desarrolló mayormente sin incidentes graves, aunque culminó con la detención de dos individuos por desobediencia y resistencia a la autoridad. Inmediatamente después, los equipos de limpieza del Ayuntamiento de Madrid comenzaron a retirar las tiendas y estructuras restantes con maquinaria para trasladarlas a depósitos municipales.
El desalojo se llevó a cabo tras la comunicación de los organizadores días antes, informando sobre la disolución de las comisiones organizativas y declarando finalizada la protesta inicial. Se buscaba un desmontaje gradual y el traslado de la movilización hacia los barrios. Sin embargo, un pequeño grupo decidió permanecer en la plaza, hecho que motivó la intervención de los cuerpos de seguridad en una operación que contó con apoyo de bomberos y servicios sociales, debido a la presencia de personas vulnerables y sin hogar en el campamento.
Intercambio de declaraciones sobre la actuación policial y las acusaciones de uso excesivo de fuerza
La operación policial ha suscitado un debate institucional y distintas posiciones entre los implicados. Desde la cuenta oficial de la acampada en Instagram, los manifestantes denunciaron que el desalojo a primeras horas de la mañana se realizó mediante una «intervención policial violenta» protagonizada por unidades antidisturbios. Este comunicado afirma que varias personas resultaron heridas por golpes y el empleo de gas pimienta, responsabilizando directamente a las órdenes provenientes de la Delegación del Gobierno.
Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Madrid emitió un comunicado oficial en el que asegura que el desalojo gradualmente ejecutado y la actuación policial se realizaron «sin violencia». La entidad defendió que la intervención fue un «último recurso» tras semanas de mediación progresiva. Según el comunicado, el Ejecutivo protegió inicialmente el derecho fundamental de reunión mientras persistía el propósito reivindicativo común, pero remarcó que ese derecho «no es ilimitado» y que la situación modificó luego del fin de la protesta y la aparición de incidentes e ilícitos en los alrededores de la plaza.
Contexto y fundamentos institucionales que motivaron el desalojo en la plaza
La orden de proceder al desmantelamiento definitivo de la acampada responde, según informes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, a la existencia de diversos hechos presuntamente delictivos y alteraciones del orden público dentro y en los alrededores del lugar. La Delegación del Gobierno recordó que el 26 de octubre se envió un primer escrito advirtiendo que el tiempo era razonable, seguido por un segundo requerimiento el 29 de octubre solicitando el desalojo inmediato.
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Ante la falta de respuesta y la permanencia de un grupo en la zona — pese a que los interlocutores de la protesta informaron días antes del cese general de movilización y la disolución de sus comisiones —, la delegada emitió una orden para restaurar la normalidad en la Puerta del Sol. La Delegación destacó que la intervención se realizó siguiendo criterios de proporcionalidad y oportunidad, prestando especial atención a las personas sin hogar y colectivos vulnerables que se encontraban allí durante la actuación de los 220 agentes de la Policía Nacional y los 180 de la Policía Municipal.
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