BILBAO — Los recientes disturbios y actos de vandalismo ocurridos en Bilbao siguen provocando un intenso debate en el ámbito policial. El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha solicitado aclaraciones y demandas de responsabilidades políticas e internas luego de que se confirmara que los agentes en la zona recibieron órdenes explícitas de no intervenir mientras grupos radicales levantaban barricadas, arrojaban objetos y quemaban mobiliario urbano cerca de la Universidad de Deusto.
De acuerdo con la denuncia pública realizada por el sindicato, la organización del dispositivo presentaba serias deficiencias. Apenas días antes, los propios agentes habían alertado formalmente sobre el riesgo de altercados y habían pedido medidas preventivas. No obstante, en vez de aumentar la seguridad, los efectivos de refuerzo que se dispusieron fueron enviados a sus casas a las 18:00 horas, tres horas antes de que concluyera su turno previsto.
Retraso de una hora hasta obtener permiso para actuar
En los momentos más críticos de la revuelta, cuando se veían contenedores en llamas y la destrucción de bienes públicos en las calles bilbaínas, los agentes presentes recibieron la instrucción directa de no intervenir, produciéndose una espera aproximada de una hora antes de autorizar la actuación para restablecer el orden y disolver a los participantes violentos.
Desde el Si.P.E. enfatizan que los ertzainas siguieron de forma estricta las directrices recibidas, pero alertan de que no se puede «dejar a los agentes expuestos» ni hacer recaer sobre ellos la responsabilidad de decisiones operativas que califican de negligentes. Por esta razón, solicitan una cronología detallada de los acontecimientos, acceso a las órdenes emitidas y la apertura de una investigación formal que asigne responsabilidades ante un episodio que consideran de extrema gravedad para la gestión de la seguridad ciudadana.
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De acuerdo con la denuncia pública realizada por el sindicato, la organización del dispositivo presentaba serias deficiencias. Apenas días antes, los propios agentes habían alertado formalmente sobre el riesgo de altercados y habían pedido medidas preventivas. No obstante, en vez de aumentar la seguridad, los efectivos de refuerzo que se dispusieron fueron enviados a sus casas a las 18:00 horas, tres horas antes de que concluyera su turno previsto.
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En los momentos más críticos de la revuelta, cuando se veían contenedores en llamas y la destrucción de bienes públicos en las calles bilbaínas, los agentes presentes recibieron la instrucción directa de no intervenir, produciéndose una espera aproximada de una hora antes de autorizar la actuación para restablecer el orden y disolver a los participantes violentos.
Desde el Si.P.E. enfatizan que los ertzainas siguieron de forma estricta las directrices recibidas, pero alertan de que no se puede «dejar a los agentes expuestos» ni hacer recaer sobre ellos la responsabilidad de decisiones operativas que califican de negligentes. Por esta razón, solicitan una cronología detallada de los acontecimientos, acceso a las órdenes emitidas y la apertura de una investigación formal que asigne responsabilidades ante un episodio que consideran de extrema gravedad para la gestión de la seguridad ciudadana.
BILBAO — Los recientes disturbios y actos de vandalismo ocurridos en Bilbao siguen provocando un intenso debate en el ámbito policial. El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha solicitado aclaraciones y demandas de responsabilidades políticas e internas luego de que se confirmara que los agentes en la zona recibieron órdenes explícitas de no intervenir mientras grupos radicales levantaban barricadas, arrojaban objetos y quemaban mobiliario urbano cerca de la Universidad de Deusto.
De acuerdo con la denuncia pública realizada por el sindicato, la organización del dispositivo presentaba serias deficiencias. Apenas días antes, los propios agentes habían alertado formalmente sobre el riesgo de altercados y habían pedido medidas preventivas. No obstante, en vez de aumentar la seguridad, los efectivos de refuerzo que se dispusieron fueron enviados a sus casas a las 18:00 horas, tres horas antes de que concluyera su turno previsto.
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En los momentos más críticos de la revuelta, cuando se veían contenedores en llamas y la destrucción de bienes públicos en las calles bilbaínas, los agentes presentes recibieron la instrucción directa de no intervenir, produciéndose una espera aproximada de una hora antes de autorizar la actuación para restablecer el orden y disolver a los participantes violentos.
Desde el Si.P.E. enfatizan que los ertzainas siguieron de forma estricta las directrices recibidas, pero alertan de que no se puede «dejar a los agentes expuestos» ni hacer recaer sobre ellos la responsabilidad de decisiones operativas que califican de negligentes. Por esta razón, solicitan una cronología detallada de los acontecimientos, acceso a las órdenes emitidas y la apertura de una investigación formal que asigne responsabilidades ante un episodio que consideran de extrema gravedad para la gestión de la seguridad ciudadana.
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De acuerdo con la denuncia pública realizada por el sindicato, la organización del dispositivo presentaba serias deficiencias. Apenas días antes, los propios agentes habían alertado formalmente sobre el riesgo de altercados y habían pedido medidas preventivas. No obstante, en vez de aumentar la seguridad, los efectivos de refuerzo que se dispusieron fueron enviados a sus casas a las 18:00 horas, tres horas antes de que concluyera su turno previsto.
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En los momentos más críticos de la revuelta, cuando se veían contenedores en llamas y la destrucción de bienes públicos en las calles bilbaínas, los agentes presentes recibieron la instrucción directa de no intervenir, produciéndose una espera aproximada de una hora antes de autorizar la actuación para restablecer el orden y disolver a los participantes violentos.
Desde el Si.P.E. enfatizan que los ertzainas siguieron de forma estricta las directrices recibidas, pero alertan de que no se puede «dejar a los agentes expuestos» ni hacer recaer sobre ellos la responsabilidad de decisiones operativas que califican de negligentes. Por esta razón, solicitan una cronología detallada de los acontecimientos, acceso a las órdenes emitidas y la apertura de una investigación formal que asigne responsabilidades ante un episodio que consideran de extrema gravedad para la gestión de la seguridad ciudadana.

















