El Ministerio de Vivienda pretende convalidar la normativa antes de finalizar el año, mientras Podemos y Sumar critican la ausencia de diálogo y Junts condiciona su respaldo a rebajas fiscales y al IVA para autónomos.
El Ejecutivo español enfrenta un nuevo episodio de tensión parlamentaria en relación con la tramitación del próximo decreto ley de vivienda. Aunque desde el Partido Socialista afirman que la ministra del área, Isabel Rodríguez, está dedicada a negociar para avanzar con la norma en las próximas semanas, varios socios prioritarios del Gobierno en el Congreso niegan que se hayan producido contactos recientes. Esta falta de acuerdo podría atrasar los plazos establecidos por Moncloa, que esperaban aprobar el texto en el Consejo de Ministros tras el receso estival para someterlo a convalidación antes de diciembre.
Desde Podemos expresan su duda respecto a los anuncios del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, señalando que las últimas reuniones formales se dieron antes del periodo vacacional, cuando rechazaron la incorporación de una reforma a la Ley del Suelo. Ione Belarra, secretaria general de la formación, ha criticado la gestión de los tiempos legislativos y considera insuficiente el reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el lanzamiento de un portal web con 800 viviendas públicas en alquiler asequible.
Igualmente, dentro del espacio plurinacional de Sumar han surgido voces que exigen mayor rapidez al sector socialista del Gobierno. Formaciones como Compromís instan a acelerar la tramitación del decreto para proteger a los inquilinos ante las subidas de precios. Sin embargo, desde Vivienda indican que el principal obstáculo para lograr una mayoría parlamentaria radica en las demandas de Junts per Catalunya. Este partido catalán condiciona su voto favorable a incluir deducciones fiscales para pequeños propietarios y fijar en 85.000 euros el límite para la exención del IVA en el régimen especial para autónomos, una propuesta denegada por el Ministerio de Hacienda por sus efectos en la recaudación pública.
La complejidad del contexto parlamentario se añade al impacto del panorama político nacional, marcado recientemente por la gestión de la crisis migratoria y fronteriza en Ceuta, tema que ha copado la agenda mediática y la actividad institucional. A pesar de un calendario legislativo saturado y las peticiones opositoras de convocatoria electoral anticipada, el Ministerio de Vivienda mantiene como prioridad obtener la aprobación en el Congreso antes de que concluya el año.
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El Ejecutivo español enfrenta un nuevo episodio de tensión parlamentaria en relación con la tramitación del próximo decreto ley de vivienda. Aunque desde el Partido Socialista afirman que la ministra del área, Isabel Rodríguez, está dedicada a negociar para avanzar con la norma en las próximas semanas, varios socios prioritarios del Gobierno en el Congreso niegan que se hayan producido contactos recientes. Esta falta de acuerdo podría atrasar los plazos establecidos por Moncloa, que esperaban aprobar el texto en el Consejo de Ministros tras el receso estival para someterlo a convalidación antes de diciembre.
Desde Podemos expresan su duda respecto a los anuncios del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, señalando que las últimas reuniones formales se dieron antes del periodo vacacional, cuando rechazaron la incorporación de una reforma a la Ley del Suelo. Ione Belarra, secretaria general de la formación, ha criticado la gestión de los tiempos legislativos y considera insuficiente el reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el lanzamiento de un portal web con 800 viviendas públicas en alquiler asequible.
Igualmente, dentro del espacio plurinacional de Sumar han surgido voces que exigen mayor rapidez al sector socialista del Gobierno. Formaciones como Compromís instan a acelerar la tramitación del decreto para proteger a los inquilinos ante las subidas de precios. Sin embargo, desde Vivienda indican que el principal obstáculo para lograr una mayoría parlamentaria radica en las demandas de Junts per Catalunya. Este partido catalán condiciona su voto favorable a incluir deducciones fiscales para pequeños propietarios y fijar en 85.000 euros el límite para la exención del IVA en el régimen especial para autónomos, una propuesta denegada por el Ministerio de Hacienda por sus efectos en la recaudación pública.
La complejidad del contexto parlamentario se añade al impacto del panorama político nacional, marcado recientemente por la gestión de la crisis migratoria y fronteriza en Ceuta, tema que ha copado la agenda mediática y la actividad institucional. A pesar de un calendario legislativo saturado y las peticiones opositoras de convocatoria electoral anticipada, el Ministerio de Vivienda mantiene como prioridad obtener la aprobación en el Congreso antes de que concluya el año.
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El Ministerio de Vivienda pretende convalidar la normativa antes de finalizar el año, mientras Podemos y Sumar critican la ausencia de diálogo y Junts condiciona su respaldo a rebajas fiscales y al IVA para autónomos.
El Ejecutivo español enfrenta un nuevo episodio de tensión parlamentaria en relación con la tramitación del próximo decreto ley de vivienda. Aunque desde el Partido Socialista afirman que la ministra del área, Isabel Rodríguez, está dedicada a negociar para avanzar con la norma en las próximas semanas, varios socios prioritarios del Gobierno en el Congreso niegan que se hayan producido contactos recientes. Esta falta de acuerdo podría atrasar los plazos establecidos por Moncloa, que esperaban aprobar el texto en el Consejo de Ministros tras el receso estival para someterlo a convalidación antes de diciembre.
Desde Podemos expresan su duda respecto a los anuncios del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, señalando que las últimas reuniones formales se dieron antes del periodo vacacional, cuando rechazaron la incorporación de una reforma a la Ley del Suelo. Ione Belarra, secretaria general de la formación, ha criticado la gestión de los tiempos legislativos y considera insuficiente el reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el lanzamiento de un portal web con 800 viviendas públicas en alquiler asequible.
Igualmente, dentro del espacio plurinacional de Sumar han surgido voces que exigen mayor rapidez al sector socialista del Gobierno. Formaciones como Compromís instan a acelerar la tramitación del decreto para proteger a los inquilinos ante las subidas de precios. Sin embargo, desde Vivienda indican que el principal obstáculo para lograr una mayoría parlamentaria radica en las demandas de Junts per Catalunya. Este partido catalán condiciona su voto favorable a incluir deducciones fiscales para pequeños propietarios y fijar en 85.000 euros el límite para la exención del IVA en el régimen especial para autónomos, una propuesta denegada por el Ministerio de Hacienda por sus efectos en la recaudación pública.
La complejidad del contexto parlamentario se añade al impacto del panorama político nacional, marcado recientemente por la gestión de la crisis migratoria y fronteriza en Ceuta, tema que ha copado la agenda mediática y la actividad institucional. A pesar de un calendario legislativo saturado y las peticiones opositoras de convocatoria electoral anticipada, el Ministerio de Vivienda mantiene como prioridad obtener la aprobación en el Congreso antes de que concluya el año.
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El Ejecutivo español enfrenta un nuevo episodio de tensión parlamentaria en relación con la tramitación del próximo decreto ley de vivienda. Aunque desde el Partido Socialista afirman que la ministra del área, Isabel Rodríguez, está dedicada a negociar para avanzar con la norma en las próximas semanas, varios socios prioritarios del Gobierno en el Congreso niegan que se hayan producido contactos recientes. Esta falta de acuerdo podría atrasar los plazos establecidos por Moncloa, que esperaban aprobar el texto en el Consejo de Ministros tras el receso estival para someterlo a convalidación antes de diciembre.
Desde Podemos expresan su duda respecto a los anuncios del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, señalando que las últimas reuniones formales se dieron antes del periodo vacacional, cuando rechazaron la incorporación de una reforma a la Ley del Suelo. Ione Belarra, secretaria general de la formación, ha criticado la gestión de los tiempos legislativos y considera insuficiente el reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el lanzamiento de un portal web con 800 viviendas públicas en alquiler asequible.
Igualmente, dentro del espacio plurinacional de Sumar han surgido voces que exigen mayor rapidez al sector socialista del Gobierno. Formaciones como Compromís instan a acelerar la tramitación del decreto para proteger a los inquilinos ante las subidas de precios. Sin embargo, desde Vivienda indican que el principal obstáculo para lograr una mayoría parlamentaria radica en las demandas de Junts per Catalunya. Este partido catalán condiciona su voto favorable a incluir deducciones fiscales para pequeños propietarios y fijar en 85.000 euros el límite para la exención del IVA en el régimen especial para autónomos, una propuesta denegada por el Ministerio de Hacienda por sus efectos en la recaudación pública.
La complejidad del contexto parlamentario se añade al impacto del panorama político nacional, marcado recientemente por la gestión de la crisis migratoria y fronteriza en Ceuta, tema que ha copado la agenda mediática y la actividad institucional. A pesar de un calendario legislativo saturado y las peticiones opositoras de convocatoria electoral anticipada, el Ministerio de Vivienda mantiene como prioridad obtener la aprobación en el Congreso antes de que concluya el año.
