El Ministerio de Trabajo adapta una directiva europea para mejorar la transparencia laboral, exigiendo a los empleadores detallar quién cubrirá los gastos de retorno de los trabajadores trasladados desde el extranjero al concluir su contrato.
El Gobierno de España ha informado sobre la aprobación de una normativa que obliga a las compañías con sede en el país a incorporar cláusulas claras de repatriación en los contratos de trabajadores extranjeros reclutados en sus países de origen para prestar servicios en España. Esta iniciativa forma parte del conjunto normativo presentado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el Consejo de Ministros, que implica la transposición a la legislación española de la directiva europea referente a condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.
Fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social han señalado que el marco legal exigirá especificar detalladamente en los contratos quién se responsabiliza del coste económico del regreso del empleado a su país tras finalizar el periodo laboral. Aunque la norma obliga formalmente a definir las partes responsables, desde el ministerio enfatizan que, según la práctica habitual y el espíritu legal, corresponde a la empresa contratante asumir íntegramente los gastos del billete y la logística del retorno.
Esta regulación tiene como objetivo prevenir situaciones de desprotección y falta de recursos legales en las que trabajadores internacionales contratados en su país de origen queden sin apoyo ni medios económicos para regresar a sus lugares de procedencia al término del empleo. Esta circunstancia es común en campañas de trabajo estacional, como la recolección en el sector agrícola o ciertos refuerzos en hostelería, donde las empresas reclutan personal en países de África o América Latina. De manera recíproca, las garantías de repatriación serán obligatorias para las compañías españolas que envíen a trabajadores nacionales a desempeñar labores fuera de la Unión Europea.
Además, la ley establece para los empleadores una estricta obligación de transparencia en la gestión de contrataciones internacionales. Las empresas deberán entregar la documentación laboral traducida al idioma nativo o comprensible para el empleado migrante y asumir los costes de traducción profesional para asegurar que el trabajador entienda en detalle cada cláusula antes de firmar.
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El Gobierno de España ha informado sobre la aprobación de una normativa que obliga a las compañías con sede en el país a incorporar cláusulas claras de repatriación en los contratos de trabajadores extranjeros reclutados en sus países de origen para prestar servicios en España. Esta iniciativa forma parte del conjunto normativo presentado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el Consejo de Ministros, que implica la transposición a la legislación española de la directiva europea referente a condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.
Fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social han señalado que el marco legal exigirá especificar detalladamente en los contratos quién se responsabiliza del coste económico del regreso del empleado a su país tras finalizar el periodo laboral. Aunque la norma obliga formalmente a definir las partes responsables, desde el ministerio enfatizan que, según la práctica habitual y el espíritu legal, corresponde a la empresa contratante asumir íntegramente los gastos del billete y la logística del retorno.
Esta regulación tiene como objetivo prevenir situaciones de desprotección y falta de recursos legales en las que trabajadores internacionales contratados en su país de origen queden sin apoyo ni medios económicos para regresar a sus lugares de procedencia al término del empleo. Esta circunstancia es común en campañas de trabajo estacional, como la recolección en el sector agrícola o ciertos refuerzos en hostelería, donde las empresas reclutan personal en países de África o América Latina. De manera recíproca, las garantías de repatriación serán obligatorias para las compañías españolas que envíen a trabajadores nacionales a desempeñar labores fuera de la Unión Europea.
Además, la ley establece para los empleadores una estricta obligación de transparencia en la gestión de contrataciones internacionales. Las empresas deberán entregar la documentación laboral traducida al idioma nativo o comprensible para el empleado migrante y asumir los costes de traducción profesional para asegurar que el trabajador entienda en detalle cada cláusula antes de firmar.
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Fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social han señalado que el marco legal exigirá especificar detalladamente en los contratos quién se responsabiliza del coste económico del regreso del empleado a su país tras finalizar el periodo laboral. Aunque la norma obliga formalmente a definir las partes responsables, desde el ministerio enfatizan que, según la práctica habitual y el espíritu legal, corresponde a la empresa contratante asumir íntegramente los gastos del billete y la logística del retorno.
Esta regulación tiene como objetivo prevenir situaciones de desprotección y falta de recursos legales en las que trabajadores internacionales contratados en su país de origen queden sin apoyo ni medios económicos para regresar a sus lugares de procedencia al término del empleo. Esta circunstancia es común en campañas de trabajo estacional, como la recolección en el sector agrícola o ciertos refuerzos en hostelería, donde las empresas reclutan personal en países de África o América Latina. De manera recíproca, las garantías de repatriación serán obligatorias para las compañías españolas que envíen a trabajadores nacionales a desempeñar labores fuera de la Unión Europea.
Además, la ley establece para los empleadores una estricta obligación de transparencia en la gestión de contrataciones internacionales. Las empresas deberán entregar la documentación laboral traducida al idioma nativo o comprensible para el empleado migrante y asumir los costes de traducción profesional para asegurar que el trabajador entienda en detalle cada cláusula antes de firmar.
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Fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social han señalado que el marco legal exigirá especificar detalladamente en los contratos quién se responsabiliza del coste económico del regreso del empleado a su país tras finalizar el periodo laboral. Aunque la norma obliga formalmente a definir las partes responsables, desde el ministerio enfatizan que, según la práctica habitual y el espíritu legal, corresponde a la empresa contratante asumir íntegramente los gastos del billete y la logística del retorno.
Esta regulación tiene como objetivo prevenir situaciones de desprotección y falta de recursos legales en las que trabajadores internacionales contratados en su país de origen queden sin apoyo ni medios económicos para regresar a sus lugares de procedencia al término del empleo. Esta circunstancia es común en campañas de trabajo estacional, como la recolección en el sector agrícola o ciertos refuerzos en hostelería, donde las empresas reclutan personal en países de África o América Latina. De manera recíproca, las garantías de repatriación serán obligatorias para las compañías españolas que envíen a trabajadores nacionales a desempeñar labores fuera de la Unión Europea.
Además, la ley establece para los empleadores una estricta obligación de transparencia en la gestión de contrataciones internacionales. Las empresas deberán entregar la documentación laboral traducida al idioma nativo o comprensible para el empleado migrante y asumir los costes de traducción profesional para asegurar que el trabajador entienda en detalle cada cláusula antes de firmar.
