El Ministerio del Interior describe como un «documento interno de trabajo» un archivo de 54 páginas que contiene evaluaciones políticas de 280 periodistas y colaboradores, una acción que ha recibido críticas de asociaciones de prensa y que contraviene la normativa europea.
La difusión de un dosier elaborado en 2024 por el Ministerio del Interior ha desencadenado un debate intenso en los sectores periodístico y político. Este archivo, dado a conocer por El Confidencial, incluye fichas detalladas de 280 profesionales del periodismo con fotos, experiencias laborales, medios en los que colaboran y observaciones explícitas sobre su orientación política y su posición respecto a medidas gubernamentales como la amnistía o las políticas del Ejecutivo.
Desde el Ejecutivo, tanto la portavoz Elma Saiz como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska —en declaraciones durante su visita a Ceuta—, han señalado que se trata de un informe con carácter consultivo que no tiene efectos sancionadores. Según el Gobierno, esta recopilación tiene como objetivo mejorar la gestión comunicativa de la Oficina de Prensa del ministerio, descartando la existencia de «listas negras», persecuciones o intentos de censura. Además, Interior ha pedido disculpas a aquellos profesionales que hayan podido sentirse afectados por las valoraciones recogidas en el documento.
Por otro lado, el tratamiento de datos personales que revelen opiniones políticas está prohibido expresamente por el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. La publicación de este archivo ha provocado la condena unánime por parte de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y de la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), mientras que representantes de la oposición han criticado la utilización de recursos públicos para la elaboración de perfiles ideológicos.
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