Ceuta. El movimiento a la Península de alrededor de 500 menores migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta permanece detenido por la falta de acuerdo entre el Gobierno central y el Partido Popular, generando una gran presión sobre el sistema de protección infantil de la ciudad.
Estas menores arribaron durante la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. En total, Ceuta está atendiendo a cerca de 1.700 menores, para cuya atención el Gobierno destinó una partida de 25 millones de euros.
El Ejecutivo considera que el traslado es «necesario» y urgente. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha respaldado públicamente esta operación y ha propuesto colaborar con organizaciones sociales de la Península para llevarla a cabo.
Por su parte, el Partido Popular solicita garantías claras sobre las plazas de acogida disponibles y cuestiona el lugar donde serían atendidas las menores. Además, critica la ausencia de información previa para las comunidades autónomas. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, junto con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han pedido recuperar el control de la situación y llevar adelante los retornos legales correspondientes.
Ante estas posturas rígidas, Ceuta no ha dado autorización para el traslado, y la situación política mantiene el proceso paralizado por ahora.
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