Fenadismer considera insuficientes las ayudas del Gobierno y pide revisar el decreto antes de que finalice marzo para evitar paros en el sector
El transporte por carretera en España ha expresado su rechazo al reciente paquete de medidas aprobado por el Gobierno para contrarrestar el aumento del coste energético. La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) junto con la Asociación General de Transportistas por Carretera (AGTC) han valorado las ayudas para mitigar el impacto del conflicto en Oriente Medio como insuficientes y contraproducentes. Ante esta situación, han anunciado posibles movilizaciones a nivel nacional si no se ajusta el decreto antes del fin de marzo.
El descontento entre los profesionales se debe, principalmente, a la percepción de un trato desigual respecto a los conductores particulares. Fenadismer señala que la normativa actual compensa prácticamente la totalidad del aumento en el coste del combustible para los usuarios privados, mientras que los transportistas reciben apoyos que apenas cubren la mitad del incremento real que enfrentan diariamente.
Un sobrecoste de 250 millones en tres semanas
El aumento de la tensión internacional ha impactado directamente en las empresas de transporte. La federación estima en 250 millones de euros el incremento total de gastos para el sector en apenas tres semanas desde el inicio del conflicto. En este contexto, el descuento de 20 céntimos por litro establecido por el Gobierno de Pedro Sánchez se considera insuficiente, especialmente porque es la misma cuantía aplicada en 2023, cuando el precio del gasóleo era considerablemente menor.
A esta situación se suma la desaparición del gasóleo profesional, vigente desde 2007. Fenadismer advierte que esta eliminación reducirá en un 25% la efectividad de la ayuda, limitando la capacidad de los transportistas en un mercado con precios en ascenso.
Cuestionamientos sobre la estructura del decreto
Más allá del monto económico, el sector critica la configuración jurídica de la norma. Señalan que el decreto impide transferir el incremento de costes a los clientes finales, un aspecto crítico dado que el precio del gasóleo ha aumentado más de un 30% desde el inicio de la crisis. «El sector no puede aceptar un decreto que, en la práctica, les coloca en una posición más desfavorable que antes de su publicación», indican desde la federación.
También cuestionan la falta de actualización del peso del combustible dentro de los costes del transporte. Este parámetro es esencial para calcular revisiones de precios en los contratos de servicio. La ausencia de su actualización, advierten, empeora la «delicada situación económica» de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayoría del tejido productivo del sector en España.
Incertidumbre en la cadena logística nacional
La amenaza de posibles protestas genera un clima de inestabilidad para el Gobierno en un contexto de alta volatilidad energética. El transporte por carretera, considerado sector estratégico por su papel clave en la cadena de suministro, ya ha protagonizado paros significativos en crisis previas. La posibilidad de nuevas movilizaciones añade incertidumbre sobre el abastecimiento normal de productos en todo el país, en un escenario marcado por la inflación y la inestabilidad internacional.
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