El Parlamento Europeo promueve un informe para fortalecer la protección de la propiedad privada y optimizar la colaboración policial frente a las organizaciones criminales
La okupación de viviendas ha pasado de ser un tema exclusivamente nacional a convertirse en un asunto prioritario para el Parlamento Europeo. Debido al aumento significativo de este fenómeno y su impacto social, la Eurocámara ha adoptado una posición para solicitar una respuesta conjunta que facilite la recuperación de los inmuebles a sus legítimos propietarios.
Aspectos principales del informe europeo
El documento, liderado por el eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez Larraz y aprobado recientemente por la Comisión de Vivienda, adopta una postura clara en contra del empleo ilegal de inmuebles, tanto públicos como privados:
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- Procedimientos legales efectivos: Se insta a los Estados miembros a implementar procesos judiciales rápidos y efectivos que permitan a los propietarios recuperar sus viviendas en plazos breves.
- Rechazo firme: El informe expresa una condena rotunda a la okupación ilegal, destacando el impacto económico directo que padecen los pequeños propietarios.
- Combate a las mafias: Se solicita un uso intensivo de los recursos de Europol para desmantelar las organizaciones criminales que se benefician de estas ocupaciones ilegales.
- Cooperación internacional: La Unión Europea promueve la unificación en la recopilación y el intercambio de información entre los Estados miembros para obtener una visión completa del problema y actuar coordinadamente.
Apoyo político amplio
Esta iniciativa ha sido promovida por el Partido Popular Europeo (PPE), pero ha logrado el consenso necesario para incorporar también al grupo socialista (S&D) y a los liberales (Renew). El respaldo multipartidista refleja la creciente inquietud por los efectos que la okupación genera en términos de inseguridad, deterioro urbano y tensiones sociales en diversas ciudades europeas.
Etapas siguientes
Después de aprobarse en la Comisión de Vivienda el pasado 9 de febrero, el informe se dirige ahora a su votación final en el pleno de la Eurocámara, programada para marzo. En caso de ser aprobado, se convertirá en una referencia obligatoria para que los gobiernos nacionales ajusten sus legislaciones, con el fin de armonizar la protección del derecho a la propiedad en toda la Unión Europea.
Esta iniciativa europea tiene como objetivo principal garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y detener una tendencia que, según los eurodiputados, “debilita la cohesión social” y dificulta el acceso a una vivienda adecuada en un mercado ya tensionado.
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