El Ejecutivo ha comenzado el proceso para actualizar el Real Decreto-Ley 5/2015, la norma fundamental que regula la comercialización centralizada de los derechos audiovisuales del fútbol en España. Desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) garantizan tranquilidad, mientras que la revisión pretende incrementar la «solidaridad» con otras disciplinas deportivas y establecer cómo se repartirán los beneficios del Mundial 2030.
José Manuel Rodríguez Uribes, secretario de Estado para el Deporte, dirige una estrategia basada en el «consenso y diálogo», aunque esta iniciativa ya ha suscitado ciertas reservas entre las directivas de LaLiga y la RFEF.
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Los tres ejes de la reforma
El Gobierno mantiene que no se cuestiona el modelo de venta conjunta, pero reconoce que la legislación vigente, con diez años de antigüedad, requiere adaptarse a la evolución actual del deporte en el país:
- Apoyo al Deporte Federado: Las distintas federaciones, recientemente agrupadas bajo el COE, reivindican mayor protagonismo. La reforma propone modificar los porcentajes que el fútbol profesional aporta para respaldar la promoción y desarrollo de los derechos audiovisuales de otras disciplinas.
- Fortalecimiento de la Liga Femenina: En 2015 no existía aún una liga femenina profesional. La actualización pretende incluir un marco legal específico para el fútbol femenino que permita que los ingresos por televisión se destinen directamente a su crecimiento.
- Planificación para el Mundial 2030: Un aspecto crucial es definir la gestión y distribución de los cuantiosos ingresos provenientes de los derechos televisivos del mundial que España organizará junto a Marruecos y Portugal.
Un escenario de alianzas complicado
La táctica de Uribes incluye obtener el respaldo de los principales clubes de LaLiga, con los que ha mantenido diálogos prometedores. Estos clubes prefieren mantener el actual sistema de reparto, lo que fortalecería la posición del Gobierno en negociaciones con Javier Tebas, quien ha mostrado cierta satisfacción con los ingresos derivados al Estado.
En contraste, la RFEF adopta una postura prudente y desconfiada. Su presidente, Rafael Louzán, se ausentó en la última reunión de federaciones, delegando su asistencia, lo que refleja la tensión en torno al control de los ingresos del Mundial.
El desafío en el Parlamento
La aprobación del nuevo texto afrontará retos políticos. Tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno debe construir una mayoría estable. A pesar de la fragmentación política, el CSD confía en que, dado que se trata de una actualización de una ley impulsada originalmente por el PP y que favorece al deporte base, la oposición no bloqueará la reforma.
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