El Gobierno hace públicos 167 informes y grabaciones telefónicas que muestran la participación de seis agentes de inteligencia y desmienten el involucramiento de la Corona en el golpe
Este miércoles, el Gobierno de España ha publicado un conjunto de 167 documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Los archivos, ya accesibles en la página oficial de Moncloa después del anuncio del presidente Pedro Sánchez con motivo del 45º aniversario del suceso, ofrecen detalles inéditos sobre la conspiración. Entre los materiales se incluyen informes del antiguo CESID, actas de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores, y transcripciones telefónicas que describen la implicación de agentes de inteligencia y la respuesta decidida de Juan Carlos I frente a los insurgentes.
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La implicación de la inteligencia y el protagonismo del CESID
Uno de los aspectos más relevantes revelados por el Ministerio de Defensa es la confirmación de que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID —precursor del actual CNI— desempeñaron un rol activo en el intento golpista. Los documentos indican que estos agentes no solo estaban al tanto de los planes antes de la ejecución del golpe, sino que organizaron un apoyo operativo que se llevó a cabo, tratando después de encubrir su participación mediante una operación destinada a justificar sus movimientos.
Se mencionan expresamente al capitán García Almenta, al capitán Gómez Iglesias, al sargento Miguel Sales, al cabo Monge Segura y al cabo Moya Gómez como informados de los hechos. También se cita al comandante José Luis Cortina, quien lideraba esta unidad de élite del servicio de inteligencia y fue absuelto en el juicio posterior.
Órdenes en TVE y comunicaciones de la familia Tejero
La documentación también refleja la dureza del asalto militar a Televisión Española. El informe ‘Conversaciones telefónicas de la unidad militar El Pardo’ detalla que las tropas recibieron instrucciones claras: “el primer disparo al aire y el segundo para herir”. Los relatos evidencian que los militares se desplazaron con cargadores cargados y sin el seguro puesto, siguiendo la orden de no mantener comunicación alguna durante la toma de la sede.
Por otra parte, se incluye la preocupación expresada por Carmen Díez Pereira, esposa del teniente coronel Antonio Tejero. En las grabaciones de la noche del 23 de febrero, Díez Pereira reprocha a los miembros de la Guardia Civil la situación en que se encuentra su marido, afirmando: “¿Cómo voy a estar tranquila? Por Dios, si le han dejado como una colilla. Por Dios. Es indigno”.
La negación tajante de la implicación de la Corona
Los archivos difundidos por el Ministerio del Interior destinan un apartado significativo a refutar las teorías que pretendían vincular a Juan Carlos I con la conspiración. El informe destaca que se han «manipulado hechos ciertos» e «inventado sucesos» con mala intención para asegurar que el golpe contó con respaldo real.
En este contexto, las transcripciones de la madrugada del 24 de febrero, a las 1:20 horas, registran una conversación del Rey con el teniente general Milans del Bosch. En dicha comunicación, posterior al mensaje televisado, el monarca fue enfático: “Cualquier golpe de Estado no podría ampararse en el Rey y estaría dirigido contra él”. Acto seguido, ordenó la retirada de todas las unidades activadas y el cese inmediato de la conducta tomada por Tejero.
Sabino Fernández Campo y la tarjeta de la sastrería
Entre los elementos más peculiares de la publicación destaca una carta de Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa Real en ese momento, dirigida al director del CESID. En ella, advertía sobre una tarjeta de visita de la sastrería «El Corte Español, S.A.», ubicada en la calle Montera de Madrid. Dicha tienda, que se dedicaba a uniformes civiles y militares, ocultaba en su presentación el acrónimo “Tejero”. La carta incluía asimismo un guion sobre las reuniones previas entre el Rey y el presidente del Gobierno para discutir la situación, diez meses después de los hechos.
Esta liberación masiva de documentos persigue, según el Ejecutivo, cumplir con una deuda histórica y acabar con décadas de falta de transparencia respecto a la jornada que puso en riesgo la democracia española mientras se llevaba a cabo la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo tras la dimisión de Adolfo Suárez.
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