Miles de menores extranjeros que actualmente enfrentan la irregularidad administrativa heredada de sus padres esperan la próxima reforma gubernamental. Para ellos, obtener la documentación no es simplemente un trámite, sino el fin de la incertidumbre ante una posible expulsión y el acceso a derechos fundamentales como el deporte federado y el comedor escolar.
Vivir sin papeles en España implica para muchos niños crecer en la sombra. Samy, una niña colombiana de 11 años, expresó su preocupación a su madre, Sofía, con una pregunta llena de ansiedad: «¿Me devolverán a Colombia sola?». Al confirmar su inclusión en el proceso de regularización extraordinaria que impulsa el Ejecutivo, la niña se sintió aliviada y exclamó: «Mami, ahora podremos salir sin preocupaciones».
Una situación heredada: la irregularidad administrativa
Actualmente, los menores extranjeros en España adquieren la condición administrativa que tienen sus padres. Aunque hayan nacido en territorio español, si sus progenitores carecen de permiso de residencia, ellos también permanecen sin autorización. Según datos de organizaciones como Save The Children, uno de cada cinco niños extranjeros se encuentra en esta situación de vulnerabilidad.
Ser un menor sin documentación oficial implica enfrentar obstáculos que afectan el día a día:
- Dificultades en la educación y el ocio: Limitaciones para acceder a becas de comedor, impedimentos para inscribirse en actividades extraescolares que requieren un NIE y problemas para obtener títulos académicos o realizar prácticas.
- Barrera en el deporte federado: Casos como el del hijo de Shyrlene, residente en L’Hospitalet, que vio frustrada su oportunidad de integrarse en el fútbol catalán por falta de documentación, lo que representó un impacto emocional que dificulta su inclusión.
- Condiciones de vivienda y situación económica: Familias completas compartiendo habitaciones, enfrentando rentas excesivas y viviendo bajo la amenaza constante de que una denuncia pueda desencadenar un proceso de expulsión.
Mayor protección para los menores
La regularización extraordinaria propuesta por el Ministerio de Inclusión para 2026 incluye una medida importante para corregir esta desigualdad en los derechos: mientras que para los adultos el permiso inicial suele ser por un año, para los menores se plantea una protección ampliada con autorizaciones que alcanzarían los cinco años.
Esta disposición busca evitar situaciones de incertidumbre burocrática para los niños mientras sus padres gestionan renovaciones o modificaciones de contrato, otorgándoles estabilidad que hasta el momento les ha sido negada.
El impacto del estigma migratorio
Los testimonios de las familias muestran que la ausencia de documentación afecta no solo la economía, sino también la percepción de identidad. Sofía recuerda con tristeza cuando Samy, tras escuchar comentarios xenófobos en el metro, le preguntó: «Mami, ¿somos malas porque somos migrantes? ¿Por eso la gente no nos acepta?».
Para madres como Cinthia, quien lleva siete años residiendo en Barakaldo y trabajando en el sector doméstico sin conseguir la regularización debido a los estrictos requisitos de arraigo, esta reforma representa una esperanza. Obtener la documentación significa poder denunciar abusos laborales, acceder a empleos dignos y, sobre todo, que sus hijos ya no tengan que enfrentar preguntas que ningún niño debería plantearse.
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