La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso contra la concesión del tercer grado penitenciario a Asier Arzalluz Goñi, exmiembro de ETA condenado por varios ataques, incluido el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle en Andoain (Guipúzcoa) el 7 de mayo de 2000.
El coordinador de vigilancia penitenciaria del ministerio público, Carlos García Berro, ha apelado la resolución de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco que otorgó la semilibertad a Arzalluz, conocido en ETA con los alias Santi, Epeta y Sendoa. Se espera que el acusado cumpla su sentencia hasta octubre de 2030.
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El colectivo de víctimas del terrorismo Covite calificó de “fraudulento” el tercer grado, argumentando que el preso mantiene vínculos con el entorno de la izquierda abertzale.
En un comunicado, la Fiscalía sostiene que la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario -que facilita la flexibilización del régimen y autoriza salidas para trabajar o realizar actividades voluntarias- debe evaluarse durante un periodo prolongado para analizar sus resultados y la evolución del recluso.
Reconocimiento de responsabilidad y seguimiento del tratamiento
La Fiscalía reconoce que la Administración valoró que Arzalluz ha expresado arrepentimiento hacia las víctimas y asumido la responsabilidad por los hechos que se le imputan, así como el daño ocasionado por ETA. Sin embargo, subraya que el Tribunal Supremo requiere que la evolución en el tratamiento penitenciario se sostenga en el tiempo.
Según el alto tribunal, los avances deben reflejar un proceso continuado y no depender de cambios recientes, prohibiendo progresiones rápidas basadas en breves periodos bajo el artículo 100.2. Un tiempo de tres o cuatro meses no garantiza estabilidad ni confirma una transformación sólida en delitos de especial gravedad, señala la Fiscalía.
Arzalluz ingresó en prisión el 10 de noviembre de 2009, cumpliendo una pena total de 30 años por su implicación en diversos ataques, entre ellos el asesinato de López de Lacalle -por el que fue condenado en 2024- y el asesinato de dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca).
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