Este jueves, Junts vivió un momento destacable en el Congreso. Diputados, senadores y una delegación de alcaldes del partido independentista se congregaron en el patio del palacio de la Carrera de San Jerónimo para conmemorar la aprobación de la reforma legal destinada a endurecer las penas para delitos leves reiterados. Miriam Nogueras, portavoz de Junts en la Cámara, afirmó que “los delincuentes que generan temor en la población no podrán seguir entrando y saliendo con facilidad”, aludiendo a la nueva normativa.
La propuesta, impulsada por Junts y respaldada por el PSOE junto con todas las fuerzas de derecha, obtuvo 302 votos a favor —PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN—, 36 en contra —Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG— y 8 abstenciones —ERC y Coalición Canaria—. Esta reforma modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estableciendo penas de hasta tres años de prisión para quienes cometan más de tres delitos leves, incluidos hurtos y estafas menores. Además, introduce medidas específicas para el robo de dispositivos electrónicos que contengan datos personales y amplía la facultad de los jueces para prohibir el acceso a ciertas zonas a reincidentes.
El pacto entre el PSOE y la derecha suscitó críticas por parte de algunos socios de izquierdas. Enrique Santiago, de Sumar, acusó a los socialistas de emplear “argumentos propios de la ultraderecha más reaccionaria” y cuestionó si se trata de un “experimento de gran coalición” con el PP. Desde Junts, en contraste, destacaron que la norma responde a demandas generalizadas en Cataluña y apuntaron que la relación con el Gobierno sigue siendo tensa pese a este avance.
Durante el pleno también se produjeron otras derrotas parciales para el Ejecutivo: la reprobación al ministro de Transportes, Óscar Puente, por la tragedia de Adamuz y las dificultades en Rodalies, y la caída de una proposición no de ley del PSOE en defensa de la legalidad internacional, la cual fue bloqueada por PP, Vox, UPN y contó con la abstención de Junts.
La reforma deberá ser evaluada en el Senado, pero el PSOE confía en que contribuya a mejorar temporalmente el ambiente político con Junts, aunque la relación con el partido independentista continúa afectada por otras demandas pendientes, como la legislación contra ocupaciones y la administración de competencias en materia de inmigración en Cataluña.
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