La Guardia Civil ha iniciado una investigación contra una mujer de 36 años por presuntamente llevar a cabo cientos de tratamientos estéticos sin estar habilitada para ello, en varios centros de la provincia de Valencia y también en su vivienda, en el marco de la operación denominada ‘Zubar’.
Esta persona está siendo indagada por posibles delitos de intrusismo profesional, contra la salud pública debido a la administración de medicamentos —incluyendo toxina botulínica— y falsificación documental, según comunicó la Guardia Civil.
La investigación comenzó en marzo tras una denuncia presentada por una profesional sanitaria, que alertó sobre la realización de tratamientos estéticos en una peluquería de Sueca sin la supervisión sanitaria ni autorización correspondiente. Los agentes constataron que la sospechosa actuaba en varios establecimientos de la provincia, presentándose como doctora y ofreciendo servicios como aumento de labios y pómulos, rinomodelación e infiltraciones de bótox.
Además, publicitaba estos tratamientos en redes sociales, promocionando la aplicación de toxina botulínica en frente, entrecejo y patas de gallo, entre otros procedimientos.
Según lo investigado, la mujer posee una graduación en odontología por una universidad privada, pero no cuenta con la habilitación oficial para realizar estas intervenciones, exclusivas para especialistas médicos en medicina estética. Las autoridades sanitarias y colegios profesionales consultados confirmaron que no dispone de competencia para ejercer dichos tratamientos.
Los agentes localizaron los establecimientos donde ejercía su actividad y entrevistaron a responsables y clientas. De las declaraciones reunidas se desprende que habría realizado cientos de tratamientos, con al menos 80 clientas registradas y más de 180 procedimientos documentados con toxina botulínica y ácido hialurónico. Algunas clientas señalaron que también recibieron atención en el domicilio particular de la investigada.
Asimismo, la Guardia Civil comprobó que la mayoría de los locales donde se efectuaban los tratamientos carecían de las licencias administrativas necesarias para ofrecer estos servicios. Tampoco contaban con sistemas adecuados para la conservación de los productos ni con medios para la correcta gestión de residuos biológicos, incumpliendo así las normas sanitarias exigidas.
Los investigadores no han podido acreditar la legalidad ni la trazabilidad de los productos empleados, por lo que sospechan que podrían haber sido adquiridos y manipulados fuera de los canales autorizados.
Las autoridades insisten en la importancia de acudir solo a profesionales cualificados y a centros autorizados antes de someterse a tratamientos estéticos, debido a que una aplicación incorrecta o el uso de productos sin garantías sanitarias puede representar un riesgo grave para la salud e incluso la vida.
La operación ha sido realizada por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Sueca y está bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de dicha localidad.
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