La Fiscalía ha pedido una condena de cinco años y seis meses de prisión contra José María García Urbano (PP), alcalde de Estepona, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos tras la contratación como personal eventual de una mujer con la que mantenía una relación sentimental.
De acuerdo con el escrito del Ministerio Público, al cual ha tenido acceso EFE, el alcalde contrató en 2023 a esta persona sabiendo que no realizaría ninguna tarea laboral efectiva. No obstante, la contratada cobró dos nóminas por 1.634 y 3.642 euros, sumando un total de 5.276 euros que, según la Fiscalía, se pagaron sin que se prestara ningún servicio a cambio.
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La fiscalía pide la apertura de juicio oral contra ambos, el alcalde y la mujer, solicitando para esta última una pena de tres años y medio de prisión por cooperación necesaria en el delito de malversación. En el caso de García Urbano, además de la pena de prisión, se reclama una inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos y para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante diez años.
En cuanto a la responsabilidad civil, se solicita que el alcalde reintegre al Ayuntamiento de Estepona los 5.276 euros pagados a la mujer, siempre que no se acredite que ya efectuó el ingreso del cheque correspondiente emitido hace unos meses.
El escrito también pide incorporar a las diligencias justificantes de transferencias bancarias mensuales de 2.000 euros que García Urbano realizó a la mujer, así como registros de conversaciones de WhatsApp entre ambos mantenidas entre enero y marzo de 2023.
Esta petición fiscal se suma a la presentada por la acusación popular ejercida por el PSOE, que reclama cuatro años de prisión para el alcalde.
Por su parte, la defensa del regidor ha tildado la solicitud fiscal de “disparate jurídico” basada en una “declaración falsa” de una persona desacreditada en otros procesos archivados. También ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial solicitando el archivo de la causa por falta de indicios delictivos relativos a la contratación de esta persona como cargo de confianza durante 46 días, recurso que aún está pendiente de resolución.
En el recurso, la defensa argumenta que el auto de transformación fechado el 4 de diciembre se fundamenta en una declaración testimonial utilizada en otro procedimiento que fue archivado definitivamente tras demostrarse que las acusaciones eran falsas.
Desde el Ayuntamiento, fuentes municipales han señalado que el alcalde está siendo objeto de una campaña política y mediática que consideran “inadmisible e injusta”, con la intención de perjudicar su reputación y trayectoria política, así como de apartarlo de su cargo.
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