El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) presentará en la próxima sesión resolutiva del Pleno de la Asamblea una propuesta para promover la inclusión de personas sordas y con discapacidad auditiva mediante la integración de intérpretes de lengua de signos en las dependencias de la administración local
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha anunciado que llevará a la próxima sesión resolutiva del Pleno de la Asamblea una iniciativa centrada en asegurar la inclusión de personas sordas y con discapacidad auditiva en la administración local. La propuesta busca implementar intérpretes de lengua de signos para facilitar las gestiones administrativas y garantizar una verdadera igualdad de derechos.
La formación política subraya la importancia de cumplir con la Ley 27/2007, de 23 de octubre, que promueve la igualdad de derechos de las personas sordas y con discapacidad auditiva en España. Según MDyC, “la lengua de signos es una lengua oficial y todas las Administraciones deben cumplir con esta normativa para avanzar hacia una inclusión real”.
MDyC ha recibido numerosas quejas de personas sordas y con discapacidad auditiva, así como de sus familiares, que denuncian la discriminación que experimentan al no poder seguir en directo, como el resto de la ciudadanía, los informativos y demás programación local emitida por la televisión pública. “La Administración debe asegurar la igualdad de derechos de este colectivo; contar con personal de mediación auditiva solo en ocasiones puntuales es insuficiente”, afirman desde la formación local.
En respuesta a esta problemática, MDyC propone que la televisión pública ofrezca una comunicación inclusiva a través de la interpretación de lengua de signos para la retransmisión de la programación local y para eventos de especial relevancia social. Además, solicitan la implementación de un servicio de acompañamiento para facilitar las gestiones administrativas de las personas sordas y con discapacidad auditiva en la administración local.
Con esta propuesta, MDyC busca garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades auditivas, puedan acceder a la información y servicios públicos en igualdad de condiciones, promoviendo una sociedad más inclusiva y equitativa.
