Álvaro García Ortiz retomará su puesto como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo luego de haber sido condenado a dos años de inhabilitación como fiscal general del Estado.
Según fuentes de la Fiscalía, García Ortiz pidió su traslado a esta sección, considerada de menor actividad y con menos visibilidad pública, un aspecto que habría influenciado su decisión.
Conserva su condición de fiscal de Sala, la máxima categoría en el Ministerio Público, aunque su futuro profesional dependerá de la evaluación que realice la Inspección de la Fiscalía General sobre las implicaciones de la sentencia. El Tribunal Supremo considera que una expulsión de la carrera fiscal sería desproporcionada, aunque no tiene competencia sobre las consecuencias fuera del ámbito judicial.
La sentencia impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general, una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un delito de revelación de datos confidenciales.
La Abogacía del Estado dispone hasta mañana para presentar un incidente de nulidad contra esta condena, paso necesario para recurrir posteriormente en amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque las probabilidades de éxito se consideran bajas.
Por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha solicitado la anulación de la sentencia. La teniente fiscal María de los Ángeles Sánchez Conde argumenta que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia al no valorar el testimonio de periodistas que tenían acceso al correo filtrado antes que el fiscal. Además, la difusión de una nota de prensa de la Fiscalía destinada a corregir información sesgada fue considerada ajena a los hechos imputados y no punible por la propia sala.
