Se inicia un nuevo episodio de discordia diplomática que podría afectar las relaciones entre Europa y Estados Unidos tras la denegación de visados al excomisario de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton, junto a otros cuatro ciudadanos europeos. Esta decisión adoptada por Washington ha sido percibida por varios líderes europeos como un intento de presión y un desafío a la autonomía regulatoria del continente.
Desde la Administración Trump señalan que Breton y los demás afectados son considerados como «ideólogos» que se oponen a las plataformas estadounidenses, debido a su participación en la elaboración de la Ley de Servicios Digitales (DSA), una normativa europea que busca combatir la desinformación y los discursos de odio en la red. Marco Rubio, secretario de Estado, justificó la medida argumentando que la Casa Blanca no aceptará actos de censura fuera de su jurisdicción.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó esta decisión como injusta y adelantó que la UE reaccionará con firmeza para proteger su autonomía en materia regulatoria. El presidente francés Emmanuel Macron definió el veto como una acción de intimidación destinada a menoscabar la soberanía digital europea y expresó su respaldo a Breton.
Además de Breton, los otros afectados incluyen a Imran Ahmed, director del Centro para la Lucha contra el Odio Digital; Clare Melford, vinculada al Índice Global de Desinformación; y Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, ambas integrantes de HateAid. Se les advirtió sobre la posibilidad de ser deportados si entran a Estados Unidos.
Este incidente surge en un momento delicado para las negociaciones del plan de paz en Ucrania y se agrava por recientes diferencias con Dinamarca debido a la nominación de un enviado estadounidense para Groenlandia. Parlamentarios europeos han solicitado que la UE considere posibles medidas de respuesta, incluyendo la prohibición de entrada para altos funcionarios estadounidenses. Paralelamente, algunos de los afectados, como Imran Ahmed, han emprendido acciones legales en Nueva York contra la Administración Trump.
Esta disputa refleja la creciente tensión entre Europa y Estados Unidos en aspectos digitales, regulatorios y diplomáticos, y representa un nuevo capítulo en la compleja relación transatlántica durante el mandato de Trump.
