Después de la condena del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, la continuidad de su carrera profesional queda condicionada por un informe de la inspección interna —la misma unidad que en su momento no actuó ante la filtración del correo electrónico del novio de Ayuso. Esta determinación representa un factor crucial que afecta la confianza en la institución.
En diciembre de 2025, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó sentencia en la que concluyó que García Ortiz, o alguna persona cercana con conocimiento, difundió el correo confidencial relacionado con la pareja de Ayuso, incumpliendo así el deber de reserva que exige su cargo.
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No obstante, a pesar de la seriedad de la condena, la resolución sobre su futuro profesional no recae directamente en el fallo judicial, sino en el informe que debe elaborar la unidad interna de inspección de la Fiscalía General del Estado. Dicha inspección —bajo la dirección de quien no inició expediente tras la filtración original— evaluará si los hechos constituyen una falta muy grave que justificaría su expulsión, o si se trata de una falta grave o leve, que conllevaría sanciones menos severas.
Esta situación ha generado preocupación tanto dentro como fuera del organismo: numerosos críticos subrayan el evidente conflicto de intereses. Surge la pregunta de cómo se puede determinar la sanción para quien quebrantó la confianza institucional por parte del mismo órgano que no actuó cuando se produjo la primera vulneración.
Resulta irónico que la inspección que no intervino hace meses —cuando se hizo pública la información confidencial del correo— sea ahora la encargada de decidir sobre la continuidad del responsable en la defensa del orden público. Para varios observadores, esto implica que la Fiscalía se protege y se autocensura.
Por ahora, García Ortiz se mantiene en una situación jurídica y profesional incierta. Mientras la inspección interna no emita su informe, conserva su condición de fiscal, con todos los derechos inherentes, excepto la posibilidad de desempeñar cargos de confianza. Este retraso incrementa el desgaste institucional, la desconfianza ciudadana y debilita la credibilidad del órgano que debe garantizar la legalidad.
Un desenlace en manos de quien optó por el silencio
El caso de García Ortiz refleja más que un episodio de filtración: evidencia las limitaciones de los mecanismos internos de control en la Fiscalía. Que su futuro dependa de una inspección que anteriormente decidió no actuar ante la filtración inicial revela un sistema que se resguarda internamente, lejos de la transparencia y la rendición de cuentas. La resolución que adopte esta unidad interna determinará no solo el destino de un fiscal, sino también el nivel real de supervisión y responsabilidad en la institución encargada de velar por el cumplimiento del Estado de derecho.
