La Guardia Civil, junto a una comisión judicial y un médico forense, llevó a cabo una orden judicial para trasladar a cinco monjas de edad avanzada —entre 87 y 101 años— que se encontraban en el Monasterio de Santa Clara de Orduña, Vizcaya, después de su permanencia en el convento de Belorado (Burgos).
Esta intervención, autorizada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao, se realizó debido a inquietudes sobre las condiciones higiénico-sanitarias y la atención brindada a estas religiosas. Tras ser evacuadas en ambulancias, las cinco mujeres fueron llevadas al Hospital de Basurto en Bilbao para realizar un reconocimiento médico que ayudará a evaluar su estado de salud antes de ser reubicadas en otros monasterios de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu.
Desde la Oficina del Comisario Pontificio, encargada de coordinar la gestión de los monasterios involucrados, se destacó la importancia de asegurar el bienestar de estas hermanas mayores conforme a sus necesidades personales, sanitarias y espirituales.
No obstante, el traslado ha generado ciertas tensiones. Representantes de las exmonjas cismáticas criticaron que no se permitió que las ancianas fueran acompañadas durante el traslado, mientras que algunos familiares manifestaron su descontento por no poder visitarlas.
Este caso forma parte de un conflicto prolongado entre la Iglesia y un grupo de religiosas vinculadas al cisma de Belorado, situación que ha derivado en procedimientos judiciales y la intervención de autoridades eclesiásticas y civiles para salvaguardar a las monjas que no participaron en dicha ruptura.
